El Plan es el resultado de un compromiso del Gobierno contenido en el programa del PSOE para las elecciones de 2004, y pretende situar a España "en la vanguardia" del reconocimiento de una nueva generación de derechos frente a nuevos desafíos.

Después de su aprobación en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, lo presentará el lunes ante la Asamblea General de la ONU, coincidiendo con la conmemoración de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Mañana mismo la vicepresidenta pedirá su comparecencia ante el Congreso de los Diputados para presentar el Plan a los demás partidos y comenzar a recabar su apoyo para algunas reformas legislativas recogidas en el texto.

Esa comparecencia no se celebrará, previsiblemente, hasta febrero, cuando comience el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, pero la intención del Gobierno es constituir "inmediatamente", a comienzos de año, la comisión de seguimiento, que dependerá directamente de la Secretaría de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales.

En ella habrá técnicos del Gobierno, representantes de las ONG y del Defensor del Pueblo, y expertos en derechos humanos, que se reunirán al menos dos veces al año para evaluar el cumplimiento del Plan.

El secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios y Constitucionales comparecerá ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados al final de cada año para dar cuenta de esa evaluación y recoger permanentemente la posición de los grupos políticos.

El Gobierno defiende la necesidad de ese Plan con el argumento de que la defensa de los derechos humanos es siempre "una tarea inacabada" porque existen muchos ámbitos y muchas regiones del planeta donde aún se violan, y porque incluso para un país democrático y desarrollado como España existen nuevos desafíos que requieren nuevas garantías.

GRABACIÓN DE LOS INCOMUNICADOS

El plan contiene 40 medidas para desarrollar en el ámbito exterior, y 132 en el interior, entre ellas el impulso de varias reformas legislativas, como la "actualización y modernización" de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, aprobada en 1980.

Uno de los objetivos del Plan es ampliar las garantías legales de los detenidos, reduciendo el plazo para la asistencia letrada o incrementando las grabaciones en dependencias policiales donde permanezcan detenidos incomunicados.

El Gobierno mantiene también su intención de proponer una Ley Integral de Igualdad de Trato y no Discriminación, y de modificar la de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para garantizar su derecho de reunión, asociación, sindicación o asistencia jurídica gratuita.

En el Plan se incluye asimismo el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo y sus familiares, para reforzar sus derechos en el proceso penal y también su reconocimiento moral y político.

Las prisiones y los centros de internamiento de extranjeros tienen también capítulos específicos, con dotaciones presupuestarias previstas, para incrementar las garantías de los presos y los internados.

Entre las medidas previstas en el ámbito exterior, está el cumplimiento de los Objetivos del Milenio definidos por la ONU, y la lucha contra la pena de muerte y la prevención de la tortura.

El Plan incluye una adenda con medidas específicas para promover la lucha contra el tráfico de seres humanos, ya que uno de los objetivos del Gobierno es poner en marcha un plan específico sobre esa materia durante la Presidencia española de la Unión Europea en 2010.

Hay, en primer lugar, medidas preventivas, de formación y sensibilización a medio y largo plazo. También acciones concretas, como el incremento de medios materiales y humanos de inspección de lugares "de riesgo", reformas para incrementar la protección a las víctimas, facilitar las pruebas, ampliar las medidas cautelares o crear un fondo de bienes decomisados.

Las medidas de protección a las víctimas incluyen la asistencia jurídica gratuita, programas de inserción social o la autorización de residencia para las mujeres que denuncien a los explotadores sexuales.

La constatación de que, por ejemplo, más de un 30% de los jóvenes nacidos en democracia se declaran partidarios de la pena de muerte, es para el Gobierno una demostración de la necesidad de este Plan y pedagogía específica para consolidar "una cultura de los derechos humanos".

El plan se presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo lunes, día de conmemoración oficial de los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se celebrará en Nueva York un concierto de la Orquesta de las Tres Culturas, dirigida por Daniel Barenboim, copatrocinado por España con una aportación de 42.500 euros.