Así lo avanzó en runa ueda de prensa el diputado Genís Boadella en la que presentó esta iniciativa - proposición de ley de medidas urgentes para hacer frente a la okupación ilegal de inmuebles- que modifica aspectos de tres leyes: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local.

En concreto, según Boadella, con su iniciativa, desde la denuncia por ocupación ilegal se le exige al asaltante una justificación de propiedad del inmueble y, si no justifica, en 48 horas y con las “oportunas advertencias a servicios sociales”, el juez puede tomar una medida “cautelar, rápida y sumaria, de proceder al desalojo”.

También se le permitiría a una Junta de Vecinos a emprender acciones civiles ante la ocupación un inmueble ola realización de “actividades ilícitas” en él si éstas dañan a la convivencia del conjunto.

Se trata, dijo, de abordar un “problema” que “necesita de instrumentos jurídico buenos y nuevos” y “no tolerar” esas acciones, sino “ofrecer instrumentos suficientes por la vía penal, civil y por las competencias de los ayuntamientos” para proceder. Según el texto de la iniciativa, este hecho, "lejos de constituir un fenómeno aislado, se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años"