Según los empresarios, el cambio de criterio se pretende aplicar “en algunos casos” con “efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y sanciones”, lo que “afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial de las pymes y de aquellas de menor tamaño”.

Ambas organizaciones consideraron “sorprendente” que estas actuaciones se realicen en el Año Europeo de las Competencias y cuando España ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.

Las organizaciones empresariales reclamaron, por tanto, “la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que corrijan esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas”.

Asimismo, y dado que “cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio”, CEOE y CEPYME se preguntaron “qué sentido tendría mantener la obligación para las empresas de pagar una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación”.

Las patronales recordaron que, de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota finalista de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores.