Entre las medidas de este nuevo pacto, destacan el compromiso de los partidos de excluir de sus listas electorales a los transfugas y la creación de una Comisión de Expertos independientes que decidirá que casos constituyen prácticas de transfuguismo cuando haya discrepancia entre formaciones.

Los partidos también se comprometen a no beneficiarse ni estimular estas prácticas, así como a incoar expedientes disciplinarios y expulsar de su organización a aquellos que se beneficien de las conductas transfuguistas. Los casos que presenten indicios suficientes de ilegalidad serán comunicados al Ministerio Fiscal.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, acogió en las dependencias de su departamento la firma del nuevo pacto, y dijo, tras el acto oficial, que "en lo que llevamos de legislatura, 60 municipios han registrado prácticas de transfuguismo", lo que representa el 5% de los gobiernos municipales.

Sevilla aseguró que, con esta revisión del pacto antitransfuguismo que reedita el acuerdo firmado en 1998, "los ciudadanos pueden estar más tranquilos porque nos comprometemos a que la vida local sea más limpia, honesta y dedicada, al servicio público".

El secretario de Política Municipal del PSOE, Álvaro Cuesta, cree que esta modificación del pacto "añade nuevos intrumentos para impedir supuestos de corrupción", porque, a su entender, "detrás del 90% de las mociones de censura apoyadas en transfugas hay una revisión del plan de ordenación urbana", es decir, intereses urbanísticos.

Por su parte, el diputado popular Juan Manuel Moreno, firmante del acuerdo por su partido, aseguró con esta adenda del pacto "se restringen los privilegios económicos de los transfugas", que muchas veces son premiados por su conducta con cargos públicos remunerados.

Los partidos que firmaron este acuerdo fueron PSOE, PP, IU, Convergencia Democrática de Catalunya, Unió Democrática de Catalunya, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, Unió Valenciana, Coalicion Canaria, Partido Aragones, Chunta Aragonesista, Bloque Nacionalista Gallego, Eusko Alkartasuna, Iniciativa Per Catalunya-Verds y Partido Andalucista, así como el ministro Jordi Sevilla, que, según aseguró, hizo las veces de notario.