La Conferencia de Presidentes -equivalente a la Junta de Portavoces del Congreso- dio hoy el visto bueno a la propuesta del PP para que se celebre un debate en la sesión del lunes con el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, y se vote una resolución al día siguiente sobre este asunto.

"Nos congratulamos de que el resto de grupos políticos haya apoyado nuestra propuesta", manifestó tras la decisión el presidente de la Comisión de Política Regional, Gerardo Galeote, que junto con los eurodiputados gallegos del PP, Daniel Varela y Francisco Millán, firman el proyecto de resolución.

"Esperamos ahora contar con el apoyo de todos para aprobar la resolución", añadió Gerardo Galeote, quien explicó que el texto reclama a la Comisión Europea que movilice el Fondo Europeo de Solidaridad y aplique el reglamento que lo regula de manera flexible "para que se pueda ayudar a los familiares de las víctimas y a las personas afectadas por los terribles incendios".

Por su parte, el eurodiputado Daniel Varela manifestó que se trata de una propuesta "para que Galicia y los gallegos puedan recibir ayuda ante la mayor catástrofe ecológica (sic) que ha sufrido la región en toda su historia", ya que a pesar de que no se ha concluido la evaluación de los daños ha quedado afectada el 2 por ciento de la superficie de la comunidad autónoma.

La propuesta de resolución exige, además, a los gobiernos de la UE que den respuesta a las distintas propuestas que el Parlamento Europeo ha puesto sobre la mesa este año, elaboradas a raíz del incendio de Guadalajara del verano de 2005, para precisamente reformar el Fondo de Solidaridad y que pueda aplicarse de forma más efectiva en los casos de incendios forestales.

También reclama la creación de un Cuerpo Europeo de Protección Civil, que supere la falta de coordinación y agilidad que se ha puesto de manifiesto una vez más en el caso de Galicia, para gestionar de forma más eficaz la ayuda procedente de otros países y la aprobación de una directiva específica sobre incendios; que obligue a las autoridades competentes, que en el caso de España son las regionales, a articular medidas preventivas eficaces.