La Propsición de ley para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales, que comenzó su andadura en el Congreso tras un acuerdo entre PP y PSOE en el seno del Pacto Antiterrorista, será aprobada en el pleno del Senado de la semana que viene, previsiblemente sin modificaciones respecto al texto salido de la Cámara Baja.

PP y PSOE contaron con el apoyo del resto de grupos para aprobar el texto en la Comisión, a pesar de que CiU, Entesa Catalana de Progrés, PNV, EA, BNG e inluso el PSOE habían presentado 49 enmiendas, todas ellas rechazadas con los votos populares.

La mayoría de estas enmiendas se referían a matizar que la competencia para disolver un ayuntamiento ha de residir en las comunidades autónomas, y no en la Adminstración central, como prevé el texto aprobado, así como a solicitar que la privación de financiación a los grupos políticos se haga a partir de sentencias firmes.

El portavoz del PNV en la comisión, Joseba Aurrekoetxea, se quejó de que en la elabración del texto de esta ley su partido "se ha visto excluido" y acusó a populares y socialistas de mantener un pacto que no es antiterrorista, sino "antinacionalista".

"EXCUSAS" DEL PNV

Esteban González Pons, portavoz del PP en la Cámara Alta, respondió a Aurrekoetxea que los argumentos que ofrece para no apoyar la ley le suenan a "excusas" que ocultan otras razones.

Para el portavoz popular, es de sentido común que "con el dinero público no se pueda financiar a fuerzas políticas que justifiqun el asesinato y la extorsión y que ayudan a grupos terroristas".

A su juicio, el alcalde de Andoain, de Batasuna, que se negó a condenar el asesinato del jefe de su Policía Local, "no debe recibir dinero público".

En cuanto a la disolución de gobiernos municipales, González Pons se mostró seguro de la constitucionalidad del texto, que otorga esta facultad al Gobierno central, a iniciativa propia, con conocimiento del Ejecutivo autonómico correspondiente y previo acuerdo favorable del Senado.

Por último, el portavoz del PP mostró claramente su interés en que el texto no tenga que volver al Congreso y entre en vigor cuanto antes, argumentando así el rechazo de todas las enmiendas, incluidas la del PSOE y una de CiU con mejoras técnicas, y la aprobación de la ley sin cambios respecto a la Cámara Baja la próxima semana en el pleno del Senado.