Los representants del Gobierno, que disponen de la mitad de los 34 votos, serán todos del PP: el ministro de Economía y Hacienda (presidente del Consejo), el director de coordinación de Haciendas Territoriales (secretario general), el ministro de Administraciones Públicas (miembro con voz y voto).

La mitad restante de los votos se distribuyen entre las 17 comunidades, con un voto para cada consejero de Hacienda. De ellos, otros once corresponden al PP, ya que gobierna en solitario o con apoyos de partidos minoritario en otras tantas autonomías.

El PSOE tiene los votos de los consejeros de Hacienda de tres comunidades: Castilla-La Mancha (Miguel Angel Montañés), Extremadura (Manuel Amigo) y Andalucía (Magdalena Alvarez).

Por Navarra, con su peculiar régimen foral, figurará Juan Cruz Alli, de Convergencia de Demócratas Navarros, ya que en esa comunidad gobierna un Ejecutivo tripartito formado por los socialistas, el CDN y Eusko Alkartasuna.

Por el País Vasco estará Juan José Ibarretxe, del PNV, y por Catauña Macià Alavedra, que será un aliado de las tesis pactadas con el PP, por lo que en la práctica los populares contarán con un apoyo más.

Por Galicia, acudirá José Antonio Orza; por Asturias, Juan Alsina; por Cantabria, Rafael Gutiérrez; por La Rioja, José Félix Revuelta; por Murcia, Juan Bernal; por la Comunidad Valenciana, José Luis Olvias; por Aragón, Rafael Zapatero; por Canarias, José Carlos Francisco; por Baleares, Jaime Matas; por Madrid, Antonio Beteta, y por Castilla y León, Isabel Carrasco. Los secretarios de Estado de Hacienda y de Administraciones Territoriales, aunque asisten con voz pero sin voto, contribuirán a dar una mayor preponderancia numérica al PP en el Consejo.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera se reúne con una periodicidad semestral, aunque el presidente puede convocarlo en más de un ocasión en un mismo semestre. Los proyectos de ley que se aprueben deben contar con el respaldo de la mitad del Consejo más un voto.

La composición y funcionamiento de este ógano solamente podría ser reformado por el nuevo gobierno del PP en el caso de que se modificase la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), probabilidad muy dudosa, dado que la futura composición de éste órgano jugará en favor de los populares.