Asociaciones como Acción Triángulo, Apoyo Positivo y Cesida afirman que la Comunidad de Madrid excluye de la sanidad pública a las personas con esta enfermedad en situación administrativa “incierta”.

Asimismo, señalan que el cambio de medidas y las nuevas exigencias adoptadas desde noviembre del año pasado han creado una barrera administrativa que “atenta” contra los derechos fundamentales e “impacta” gravemente en la salud pública y el bienestar de la población madrileña, especialmente en aquellas personas que tienen VIH y no están recibiendo el tratamiento antirretroviral (TAR).