El diputado de IC Joan Saura considera que el Código Penal no pretende proteger el domiilio o la vivienda del propietario, sino la propiedad privada, que "está sujeta a la función social que delimite su contenido de acuerdo con las leyes".

Saura lamenta que el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución no haya tenido la necesaria promoción por parte de los poderes públicos, mediante el establecimiento de normas y condiciones que hagan posible su efectividad.

La consecuencia es, en su opinión, que el derecho a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho y quienes, "in violencia ni intimidación", ocupan pacíficamente un inmueble, aunque no constituya morada ajena, son tratados penalmente de una forma "que no se corresponde con el reproche que la sociedad dirige a estas acciones".