Así lo defendió en un comunicado en el que lamentó que queda “en el aire" la cobertura que, "para los daños que causara el animal", ofrecía el seguro de responsabilidad civil privada "habitualmente" incluido en la póliza del hogar, al entender que, desde el momento en que el seguro pasa a ser obligatorio -para todos los canes y no solo para los de raza potencialmente peligrosa, como hasta ahora- las aseguradoras de responsabilidad civil privada “podrían interpretar que queda anulada su cobertura”.

“Con el riesgo que ello comporta para el dueño de un perro que causara daños a otras personas, animales u objetos, ya que podría terminar asumiendo parte o todo el coste de la responsabilidad civil. Un riesgo que se extiende además a la víctima en el caso de que el dueño no sea solvente”, espetó.

En este sentido, consideró que la “falta” de un reglamento que “defina el alcance de la nueva ley” es la “causa principal de esta confusión”. “Una imprecisión que persiste con el ambiguo anuncio del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”, sentenció, para señalar que, según el departamento de Ione Belarra, “en puridad de términos jurídicos, no resulta efectivamente aplicable hasta que se desarrolle el reglamento”.

En todo caso, como medida de “prevención”, la OCU instó a todos aquellos dueños que no tengan ya contratado un seguro obligatorio a ponerse en contacto con su aseguradora del hogar o de responsabilidad civil con el fin de “verificar” que su animal “sigue cubierto con la nueva ley”.

SUPLEMENTO

Asimismo, emplazó a pedir el pago de un “suplemento” para que “conste la cobertura y que, además, se adapte al requisito de la nueva norma, que amplía la cobertura a cualquier persona que se haga cargo del animal”. “Nos consta que algunas compañías lo están haciendo sin cobrar una sobreprima por emitirlo”, advirtió.

En cuanto al futuro reglamento, la OCU exigió que “se concrete lo antes posible”, al tiempo que estimó “vital” que se “iguale” el capital de responsabilidad civil de un perro al del seguro de un automóvil, también en la norma para razas potencialmente peligrosas, donde el mínimo solo llega a 120.000 euros en la norma estatal.

Junto a ello, puntualizó que otros desarrollos “pendientes e importantes” son el establecimiento de la lista de animales que “pueden ser considerados mascotas” o las condiciones del curso que deberían realizar los dueños de los nueve millones de perros registrados en España.