Así lo anunció este viernes en un comunicado en el que precisó que los anuncios en Google de las compañías denunciadas “simulan ser el de la empresa buscada y no tienen una apariencia sospechosa, pues ofrecen un número de teléfono convencional”, pero, una vez marcado, “se indica que para esa gestión hay que llamar al 11827 o al 11887 sin aclarar que no es el número de la empresa que el usuario busca”.

“Esta segunda llamada ya se factura más cara, porque los números que empiezan por 118 están sujetos a una regulación especial, con una tarifa de hasta 2,5 euros por minuto, más impuestos, y una duración máxima de 10 minutos; sin necesidad de autorización del usuario”, apostilló.

En este sentido, lamentó que el “engaño es doble”, porque el usuario cree que está hablando con el servicio de atención al cliente de la compañía con la que quiere comunicarse y porque, “lejos de informarle, tratan de alargar la llamada todo lo posible mediante preguntas innecesarias y esperas injustificadas”, al tiempo que advirtió de que “10 minutos pueden costar 29 euros”.

En concreto, los socios de la organización han denunciado casos relacionados con la búsqueda de información de los autobuses Alsa, de la aseguradora DKV, de UPS, de Iberia, de la propia OCU… pero también con búsquedas como “llamar gratis urgencias” o “llamar gratis bomberos”, áreas en las que, a su entender, “estos engaños pueden tener consecuencias más graves”.

Por todo ello, presentó denuncia ante la CNMC y la Dirección General de Consumo para que se investigue a las empresas que “aparentan” ser otras en las búsquedas por Internet y la posterior derivación a los números de tarificación, con el fin de que las “sancione severamente, si procede”.

Junto a ello, exigió que estas numeraciones estén “desactivadas siempre por defecto”, igual que los servicios de tarificación adicional y pagos a terceros, además de “acortar” la duración máxima de la llamada, así como que el servicio de progresión de llamada, si se ofrece, “sea gratuito” y que la comunicación “sea bajo la tarifa regular del consumidor”.