Así se recoge en el 'Estudio Económico de España', en el que las sugerencias en vivienda aparecen estrechamente ligadas a la problemática de los jóvenes para independizarse señalando que, “como hay muy pocas viviendas de alquiler social y comprar una casa es cada vez más difícil, la mayoría de los jóvenes alquilan". "Pero el alquiler es caro, sobre todo en las grandes ciudades", alerta el estudio.

Además, señala que “los alquileres caros y los malos resultados del mercado laboral” hacen que los jóvenes “tengan más probabilidades de verse sobrecargados por los costos de la vivienda”, lo que “puede obstaculizar su capacidad para pagar otros gastos de manutención o educación, participar en proyectos empresariales o acumular riqueza”.

El informe analiza algunas de las medidas tomadas por el Gobierno en materia de vivienda y propone soluciones y sugerencias en base al resultado de políticas adoptadas en otros países.

Sobre el control de alquileres que introdujo la Ley de Vivienda, señala que este tipo de límites “generalmente benefician a los inquilinos existentes, pero reducen el retorno de la inversión en viviendas nuevas para los desarrolladores, alentando a los propietarios a abandonar el mercado y desalentando a los propietarios potenciales”. Y pone de ejemplo las experiencias en San Francisco y Berlín, donde “se ha descubierto que los controles estrictos de los alquileres tienen efectos perjudiciales en la oferta de vivienda y reducen la elasticidad del precio de la vivienda en la construcción residencial”.

Además, apunta que los controles de alquileres también pueden “aumentar el precio de mercado del resto del parque de viviendas, reduciendo la asequibilidad para los no titulares, muchos de los cuales serían jóvenes” y habría otros “efectos indeseables”, como la posibilidad de poder “beneficiar a los hogares más ricos y a los propietarios de viviendas no reguladas cuyos alquileres aumentaron después de los controles”.

VIVIENDA SOCIAL

El informe subraya que aumentar progresivamente el parque de viviendas sociales en alquiler “debería ser una prioridad”, ya que es uno de los más bajos de la Unión Europea. La OCDE elogia que ha habido varios planes del Ejecutivo de Sánchez con este objetivo pero advierte que “no está claro cuántas unidades se han construido” y que “sería bienvenida una mayor claridad sobre el calendario previsto de disponibilidad de estas unidades”.

La organización reclama para el incremento de vivienda social que las medidas incluyan “reglas y criterios de gobernanza claros para acceder a la vivienda, así como pruebas periódicas de recursos para acceder”, y un “seguimiento regular de los cambios en la elegibilidad”.

Como sugerencia “a largo plazo”, la institución pide considerar instrumentos de financiación similares a los que se han utilizado en países como Austria o Dinamarca, donde hay un gran peso de la vivienda social. Se trataría de un fondo para la construcción de vivienda cuya financiación provendría de una combinación entre préstamos de mercado y los pagos del alquiler, con garantías estatales para ayudar a mantener bajos los costes de endeudamiento. Por ejemplo, en Dinamarca se destina un 2,8% del alquiler al pago del préstamo, mientras que en Eslovaquia y Eslovenia son financiados íntegramente por el Estado.

Asimismo, la OCDE recomienda fomentar la oferta adicional de alquiler en zonas tensionadas, es decir, aumentar el stock de viviendas de alquiler social en aquellas zonas con los precios elevados y alta demanda.

Sobre el incremento del porcentaje que se debe destinar a vivienda social contemplado en la ley, señala que puede generar beneficios “para los hogares de bajos ingresos, como brindar acceso a viviendas asequibles y escasas, fomentar la integración y mejorar la equidad”, pero se debería vigilar para que no se reduzcan los incentivos para continuar construyendo ni aumenten los precios de mercado.

FISCALIDAD

El análisis también repara en las novedades fiscales que introdujo la norma aprobada por el Ejecutivo el pasado mes de mayo. Destaca que los recargos en impuestos sobre la propiedad para viviendas vacías encuentran “ejemplos exitosos” en Canadá y Francia, donde estas cayeron un 25% y un 13%, respectivamente. No obstante, subraya que los efectos del impuesto podrían ser mayores “mediante la implementación de medidas para monitorear y hacer cumplir el cumplimiento”.

También sugiere la actualización frecuente de los valores de las propiedades a efectos fiscales, pues, con datos del Catastro, sólo el 5,5% de los inmuebles urbanos ha tenido sus valores actualizados en los últimos cinco años. Esto “crearía incentivos” para un uso “más eficiente” del parque.

Sobre las deducciones fiscales a pequeños propietarios que alquilen a precios bajos, el análisis señala que, aunque la intención es “loable”, es “difícil” de implementar porque “requerirá definir e identificar a los pequeños propietarios, un seguimiento cuidadoso para garantizar que se reduzcan los alquileres, lo que podría resultar complejo y costoso, y una fuerte coordinación con las regiones que tienen medidas similares en vigor”.

Asimismo, también reclama reducir la fiscalidad en las compraventas de viviendas que se sitúan entre las tasas más altas de la OCDE. “Los mayores costes de transacción de vivienda, incluidos los impuestos a las transferencias, se han relacionado con una menor movilidad, en particular entre los hogares más jóvenes”, apunta la institución.

BONO ALQUILER JOVEN

Otra medida analizada por el informe es el Bono Alquiler Joven aprobado por el Ejecutivo en 2021 y que, tras el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar, podría consolidarse como una medida “a largo plazo”. El documento subraya que el principal “riesgo” de esta medida es que “apoya la demanda y no la oferta” y, por tanto, en mercados con poca oferta “podrían terminar haciendo subir los precios de la vivienda y los alquileres, compensando el efecto deseado sobre la asequibilidad de los hogares”, que, además, afirma, puede ser “pequeño”. “Deben monitorearse para evitar el desperdicio de dinero público”, asegura.

Por último, apunta que la armonización de las normas de construcción puede hacer que la “oferta de viviendas sea más receptiva”, ya que un alto grado de descentralización como es el caso de España “reduce la capacidad de respuesta de la oferta”. Así, subraya que “armonizar las normas de construcción en todos los municipios y simplificar y acelerar el proceso para cumplirlas reduciría la incertidumbre regulatoria”.

En este contexto, la OCDE reclama un incremento del alquiler social en zonas tensionadas, "relajar" los controles de alquileres y hacer que los impuestos sean menos "distorsionantes". Para ello, recomienda al Gobierno hacer uso de 1.000 millones de euros.

El informe indica que se podrían pagar sin incrementar el déficit si se unifica el IVA en el tipo general del 21% (5.000 millones más en ingresos), se establece una tributación verde (5.000 millones), se vincula la edad de jubilación a la esperanza de vida (1.500 millones), se incrementa los impuestos sobre el tabaco y el alcohol (1.300 millones) o simplemente se siguen las recomendaciones de gasto de la Airef (2.000 millones).