La acción fue protagonizada por activistas de Amnistía que permanecieron en todo momento con las bocas tapadas con una mordaza simulada en señal de protesta por las restricciones que ha impuesto esta norma desde su entrada en vigor hace siete años.

En ese sentido, Carlos Escaño, portavoz de la organización, explicó que acuerdo alcanzado por el Gobierno y sus socios “no modifica en profundidad los aspectos que han supuesto más sanciones para quienes querían ejercer su derecho a protestar pacíficamente”, por lo que serán las enmiendas que se aprueben las que determinen “si nuestro derecho a protestar seguirá amordazado en nuestro país o, por el contrario, prevalecerá el respeto por los derechos humanos”.

Por ello, el actual es “un momento clave para presionar y movilizarnos para arrancar de una vez por todas las mordazas”.

Según los cálculos de Amnistía Internacional, el 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana se impusieron a partir de dos artículos –“resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” (36,6) y “faltas de respeto a la autoridad” (37,4)- entre 2015 y 2019, ninguno de los cuales se elimina ni reforma en la proposición de ley que se está tramitando.

El colectivo denunció que la reforma tampoco elimina “aspectos preocupantes” para la libertad de información, como las infracciones por publicar imágenes de las fuerzas de seguridad, ni establece un mecanismo independiente de supervisión de la actuación policial, ni se deroga la disposición que pretendió dar cobertura legal a las ‘devoluciones en caliente’ ni se prohíbe explícitamente el uso de pelotas de goma.

Amnistía Internacional detalló que en los últimos siete años esta norma “ha servido para imponer sanciones a miembros de todo tipo de movimientos sociales, como activistas ecologistas, feministas, miembros de plataformas por el derecho a la vivienda, así como a periodistas que cubrían sus manifestaciones”, convirtiéndose en una plataforma para “silenciar y dificultar el derecho a la protesta”.

Para ilustrar su denuncia, en el acto estuvieron presentes María Ángeles Nieto, activista de Ecologistas en Acción, quien recibió una sanción durante una protesta contra unos vertidos ilegales en un espacio protegido, y Marian Montoro, que recibió una propuesta de sanción al acudir a una acción conjunta de apostasía al Arzobispado de Madrid.

Marian Montoro explicó que los agentes les pidieron identificarse "sin motivo aparente, no infringimos ninguna de las normas de seguridad ni sanitaria. Fue una acción policial injustificada y discriminatoria”.

Por su parte, María Ángeles Nieto rememoró que le impusieron una multa de 600 euros “sólo por preguntarle a un policía por qué me estaban pidiendo la identificación”, por lo que “la aplicación de la ‘ley mordaza’ la sentí como un atropello y con una enorme impotencia”.

Por último, ante la eventualidad de que los grupos parlamentarios alcancen un acuerdo el próximo martes sobre buena parte de la reforma, Amnistía invitó a la ciudadanía a “defender el derecho a la protesta pacífica” en una de las manifestaciones que se celebrarán el domingo por toda España bajo el lema ‘Ni Ley Mordaza ni mordaza maquillada’.