En este sentido, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Manuel Suárez, dijo a Servimedia que la querella forma parte del "funcionamiento normal y ordinario del Estado de Derecho".

Suárez indicó que entra dentro de esta normalidad que el fiscal haya entendido que debería proceder contra los magistrados, y que el Tribunal Supremo decida ahora si admite a trámte la querella. No obstante, destacó que la presunción de inocencia de estos jueces debe "permanecer intachable" hasta que una resolución firme diga lo contrario.

Por su parte, Cristina Cadenas, en nombre de la Asociación Francisco de Vitoria, declaró que si la Fiscalía ha tomado esta medida será porque "habrá considerado la existencia de algún fundamento" para presentarla.

Según Cadenas, "ahora queda esperar la decisión del magistrado del Tribunal Supremo que lleve la instrucción, que será el qu tome la decisión de si prospera o no la querella".

A su vez, el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Miguel Carmona, declaró que Cardenal "debe de tener los indicios para creer que se ha cometido un delito".

Esta asociación también resaltó la importancia "de ser muy cuidadosos para distinguir el error que se haya podido cometer al evaluar la conducta futura de una persona, de la responsabilidad penal".