Tras participar en un acto electoral en el barrio madrileño de Carabanchel, Narbona declaró a un grupo de periodistas que el objetivo de la Ley de la Biodiversidad es proteger la riqueza natural de la fauna, de las especies, porque "para que haya caza tiene que haber especies que cazar".

Según la ministra, el problema que tienen los cazadores no deben resolverlo con el Gobierno central, sino con las comunidades autónomas, que son quienes ostentan las competencias en materia de caza.

Además, dijo que los principales inconvenientes con que se enfrentan los cazadores no se derivan de la "ley Narbona", sino que obedecen a que hay menos animales vivos que capturar y a la "destrucción y contaminación" que ha generado la "codicia" existente hacia el territorio nacional. "La ley es la justificación para salir a la calle contra el Gobierno", aseguró.

Respecto al uso del plomo, Narbona recordó que éste fue prohibido en los humedales por un decreto del Gobierno del Partido Popular publicado en 2001. "Lo único que ha hecho esta ley es considerar también, dentro de esa prohibición, algunos de los espacios naturales protegidos dentro de la red natura 2000", explicó.

La titular de Medio Ambiente precisó que eso significa añadir un 0,1% al territorio donde está prohibido utilizar el plomo y se refirió al compromiso adoptado en Bruselas por la Federación Española de Caza en 2004 con sus homólogas europeas para eliminar definitivamente esta sustancia en los humedales españoles en el año 2009.

En cuanto a la intervención de los agricultores en la protesta, Narbona quiso llamar la atención sobre el hecho de que Asaja forma parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente y en los debates respecto a la Ley de Biodiversidad no planteó objeción alguna. "Que no engañen a agricultores y ganaderos" pidió, "porque esta ley ni va contra la caza ni va contra ellos".

La titular de Medio Ambiente indicó que su ministerio le ha tendido la mano a los cazadores invitándoles a una reunión para hablar sobre sus reivindicaciones, como muestra de que el Ejecutivo socialista busca el consenso.

"El Ministerio de Medio Ambiente se ha ofrecido a establecer una relación entre comunidades autónomas y federaciones de caza para solventar posibles problemas, que no dependen para nada del Ministerio de Medio Ambiente", subrayó la ministra, quien aseguró que esta propuesta de diálogo sigue en pie.