Según el ministro, con estas medidas se da cumplimiento a una parte sustancial de las propuestas fiscales incluidas en el programa electoral del Partido Popular.

Montoro anunció que el Gobierno está estudiando la ampliación a la microempresas y a los autónomos de parte de los beneficios fiscales que el viernes se aprobaron para las pymes, en concreto los relativos a la deducción del 10 por ciento en la cuota de la inversión en tecnologías de la información y de la comunicación.

El ministro de Hacienda explicó que después de aprobar esta reforma fiscal, el principal objetivo de su departamento es lograr el déficit cero en los Presupuestos de 2001, iniciando una nueva etapa "en la que el equilibrio presupuestario debe ser el ecenario estable de la política económica".

Agregó que será en la nueva Ley General de Estabilidad Presupuestaria donde podrá expresarse el compromiso de las administraciones con la estabilidad presupuestaria y la disciplina en el gasto, que debe ser, dijo, un objetivo compartido por todos.

Explicó que con la ley se impulsará el rigor, la transparencia y la objetividad en la actividad económica-financiera pública. El ministro anunció que habrá nuevas disposiciones normativas que regulen los contraos de las Administraciones públicas y afirmó que en materia de subvenciones y ayudas públicas son necesarias modificaciones normativas orientadas a garantizar los principios de publicidad, objetividad y concurrencia.

Cristóbal Montoro anunció que en esta legislatura entrará en funcionamiento una base de datos nacional a la que se incorporará la información sobre subvenciones y ayudas públicas remitida por departamentos ministeriales, organismos autónomos y entes públicos.

Por otro lado, el ministo aseguró que el traspaso de competencias a las comunidades autónomas está concluyendo y se acerca el momento de crear un modelo de financiación estable que articule las necesidades de todas las administraciones.

Para ello, propuso un amplio pacto autonómico y local, con el fin de crear un nuevo sistema que mejore la corresponsabilidad fiscal y asegure la igualdad de trato a los ciudadanos con independencia del lugar donde residan.