Montero avanzó esta cuestión en la tribuna del Congreso durante el debate sobre las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Concretamente, indicó en respuesta al portavoz del PDeCat en el Congreso, Ferran Bel, que el Ejecutivo aprobará “alguna variación” para que el “incremento del gasto en materiales permita reactualizar los contratos”.

“Ya lo hicimos sobre algunos de ellos y vamos a producir una orden que nos va a permitir mejorar la ejecución, porque algunas de las obras están paralizadas por el incremento que han sufrido el coste de los materiales”, explicó la ministra.

Los seis nuevos materiales se sumarán a los ya contemplados por el primer real decreto que aprobó el Gobierno sobre esta cuestión el pasado mes de marzo y que incluía los materiales siderúrgicos, bituminosos, el aluminio y el cobre.

El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández-Alén, indicó al respecto en declaraciones a Servimedia que el cemento es el “más importante” de los nuevos materiales introducidos porque su precio “se ha disparado”. No obstante, apuntó que todos resultan “básicos” para “la gran mayoría de las tipologías de obra”.

A falta de una mayor concreción por no conocerse los detalles del texto que pretende aprobar el Ejecutivo, el presidente de la patronal constructora subrayó que los nuevos materiales permitirán que entren en el sistema de revisión de precios “obras extremadamente importantes”, como las obras de edificación “para temas de regeneración y rehabilitación urbana” o de urbanización, para la instalación de sistemas de 5G o “canalizaciones de todo tipo”.

Aunque reconoció que, con la medida, se van “dando pasos”, se trata de un “parche en un barco que se hunde” porque “se siguen paralizando obras o quedando desiertas, que es lo más grave”. En este sentido, la CNC presentó hace varias semanas un informe en el que denunciaba que, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, las empresas del sector habían dejado desiertas 1.939 obras licitadas por la administración pública por un importe de 882,6 millones de euros.

MÁS DEMANDAS

Fernández-Alén insistió en que “si se quieren ejecutar los fondos europeos” debe tomarse una decisión “seria” y enmendar los tres reales decretos ley aprobados por el Gobierno que dejan fuera cuestiones que, a juicio del sector, resultan claves para el buen funcionamiento del sistema de revisión de precios.

Entre estas demandas, se encuentra a la introducción de la energía como “un material más”, algo a lo que, según el presidente de la patronal, el Ministerio de Hacienda se niega argumentando que “ya se han adoptado medidas de carácter general”. Además, piden la prórroga 'sine die' del período afectado por el sistema.

Asimismo, también reclaman que se computen las fluctuaciones desde el último día en el que se pueda presentar una oferta para un contrato, que es el “momento adecuado” y no, como está establecido ahora, cuando se produce la firma del contrato. También solicita la eliminación de los límites a la revisión, que establece que esta se debe producir cuando los costes sean entre un 5% y un 20% superiores a los originales.