García explicó que “se cierra así la Ley 15/1997”, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que abría la puerta a modalidades de gestión “que han deteriorado la sanidad” y se da vía libre a ese lema de “la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”.

“Desde el Ministerio estamos firmemente comprometidos en defender nuestra sanidad y que nuestra sanidad no se venda al peor postor”, añadió.

Además, aseguró que se ha demostrado que de las nuevas fórmulas de gestión no han supuesto mejoras en la salud de la población, “sino mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas a costa del presupuesto del Sistema Nacional de Salud”. De hecho, “creemos que esta ley es un avance y damos salida a una reclamación de los profesionales y de los ciudadanos”.

Se trata, manifestó la ministra, de “poner freno a las prácticas que provocan noticias sobre comisiones, lucros incesantes y beneficios obscenos que salen básicamente del dinero que tendría que ir a la salud de los ciudadanos y ciudadanas”.

CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS

Se quiere así poner coto a los usos “indecentes” de los presupuestos y que cada euro de los impuestos que paga la ciudadanía vaya destinado a la salud y a cumplir el artículo 43 de la Constitución Española, “para garantizar el derecho a la salud y no las cuentas de resultados de las empresas privadas”, agregó.

Esta ley se sumará a la de Universalidad del Sistema Nacional de Salud, que el Gobierno aprobará próximamente. Ambas leyes vienen a sustituir a la que se presentó en la legislatura pasada para modificar diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del SNS, que decayó al convocarse las elecciones generales.

Entre los objetivos del proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud destacan la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro.

Junto a ello, introducir mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad.

También facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes, así como restablecer las prácticas de gestión pública que hagan capaz alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad española.