Tras inaugurar el XII Congreso Notarial Español que se celebra en Málaga, la ministra recordó que ayer mismo “se aprobó la ponencia de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual que pretende que los casos más graves y los de carácter múltiple tengan un tratamiento adecuado”.

Según explicó, la respuesta a estos casos “va a pivotar sobre la ausencia de consentimiento más que sobre la gravedad misma de los hechos. El consentimiento nunca debe presumirse, siempre debe ser explícito, puede ser expreso o tácito, pero siempre debe ser expreso y nunca debe presumirse”.

Llop defendió que la libertad sexual de las personas debe ser “absoluta, no debe tener límites”. Ese es argumento principal sobre el versa la ley. Pero además aseguró que “cuando hablamos de niñas menores y de autores menores también, preocupa que se están reproduciendo actitudes de carácter muy violento y agresivo”.

Por eso, “tenemos que hacer una reflexión sobre qué tipo de educación sexual que estamos dando en nuestra sociedad a los jóvenes. Se está educando a través de la pornografía, que tiene unas connotaciones de carácter muy violento. Los jóvenes tienen que tener una educación sexual sana y por eso este gobernó promovió la reforma de la Ley de Educación para que la educación sexual se pueda difundir entre menores desde edad temprana”.

“La educación es la vacuna contra todo tipo de violencia, también contra la violencia sexual”, concluyó la ministra.

Llop también se refirió al indulto a María Salmerón para lamentar que “el Gobierno no haya tenido margen de ninguna manera para concederle el indulto”. Explicó que el Ejecutivo ha aplicado la ley porque “estamos en un Estado de Derecho y la ley impide que se pueda dar un indulto a personas reincidentes, como en este caso, y cuando hay un informe negativo del tribunal sentenciador, ahí está la clave”.

“Lamento muchísimo que se haya producido esta situación. El Gobierno siempre ha estado con las víctimas. Éste es un Gobierno progresista, que ha luchado como ningún otro contra la violencia de género y que ha propiciado que haya suspensiones automáticas del régimen de visitas cuando haya denuncias por violencia de género”, insistió.

Por todo ello, la ministra apostó por “explorar otras vías” como la petición de ejecución de la pena, que ha hecho la propia Salmerón tras haber satisfecho las responsabilidades civiles, una decisión, dijo, que “ahora ya depende de los tribunales”.