“Eso lo deben decidir los tribunales. En las últimas fechas han hecho dos modificaciones normativas con rango de ley. Es el Tribunal de Justicia de Cataluña quien debe decidir si esas nuevas iniciativas legislativas son coherentes con la sentencia dictada”, aseguró el nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, en un encuentro con la prensa en Madrid.

El secretario de Estado añadió que “no hay que olvidar que la sentencia en origen se fundamentaba en otra normativa diferente, por tanto, ahora hay un compás de espera hasta que el TSJC determine si se ajusta a lo sentenciado o no”.

Al ser preguntado por la hipótesis de que el tribunal determine que debe garantizar ese 25%, Bar reiteró que “en todo caso sería el Gobierno de la Generalitat quien tendría que recurrirlo. Nosotros a lo que estamos es al cumplimiento de las sentencias. No hay razón para recurrir el decreto”, remarcó.

El secretario de Estado insistió en que “en todo caso es el TSJC que tiene que decidir” y que “apunta que el ámbito competencial está en la Generalitat”.

“No sería el momento procesal oportuno (recurrir las leyes aprobadas por la Generalitat). Es el momento que los tribunales digan”, zanjó.

Bar también se manifestó sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de recomendar a los centros educativos que continúen con los libros viejos y no con los nuevos materiales que desarrollan los contenidos de la nueva ley educativa a partir del próximo curso porque la presidenta entiende que ideologizan a los alumnos.

CENSURA EN MADRID

En este punto el secretario de Estado manifestó que espera “que no” haya censura por parte del Gobierno madrileño y recordó a su presidenta que “hay unos principios democráticos esenciales que deben de ser respetados”, en referencia “a la libertad de cátedra del profesorado al elegir materiales” y “la libertad de publicación de las editoriales que se dedican a ello”.

El secretario de Estado subrayó asimismo que los editores se han quejado de la propuesta de Ayuso porque “se está coartando la libertad de negocio” y remarcó que “los libros de texto son materiales de apoyo para la docencia, no son el currículo”.

“Que se use uno u otro libro no tiene que ver con el cumplimiento con el currículo básico. Es el decreto dictado por la comunidad autónoma lo que debería cumplirse”, indicó.

En relación a todo ello, Bar avanzó que el Gobierno repartirá 58 millones de euros en ayudas a las familias para adquirir los libros de texto el próximo curso.