Arenas señaló que las conclusiones del trabajo que se está realizando junto con el Ministerio de Defensa para evaluar conjuntamente los efectos del final de la mili, "que puede afectar el funcionamiento de algunos servicios sociales y de algunas ONGs", estará finalizado para antes de febrero.

Asimismo, anunció que el ministerio se está planteando la posibilidad de que exist una legislación, como hay en otros países, que incentive o propicie un servicio civil de los ciudadanos en beneficio del conjunto de la sociedad.

El ministro hizo estas declaraciones en el transcurso de la reunión de la XVIII Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en la que se han analizado, junto con los consejeros de las comunidades autónomas, los presupuestos para programas sociales que se pondrán en marcha para 1999, y que ascienden a cerca de 50.000 millones.

Al inicio de la reunión, lo consejeros de las tres comunidades socialistas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, mostraron su descontento por lo que, a su juicio, supone una disminución del porcentaje del gasto respecto al PIB en programas sociales.

Los consejeros de asuntos sociales socialistas, Isaías Pérez, Santiago Moreno y Guillermo Fernández Vara, coincidieron en denunciar el actual funcionamiento de la conferencia sectorial, "que impide introducir los asuntos que nos interesan", y amenazaron con no volver a asistr a dicha reunión "si las cosas continúan así. No nos gusta ni la cuantía (de los presupuestos), ni los modos".