El informe, titulado "La lucha de las mujeres por la seguridad y la justicia: Violencia familiar en México", explora los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres mexicanas cuando tratan de denunciar casos de violencia doméstica.

Los obstáculos que encuentran incluyen la negativa de los funcionarios a aceptar las denuncias, lo deficiente de las investigaciones y el escaso cumplimiento de las medidas de protección.

Las mujeres que tienen el valor para denunciar los abusos suelen ser tratadas con indiferencia, y tienen que demostrar que son víctimas de violencia, explica AI, que afirma que "en muchos casos, los funcionarios llegan a pedirles que entreguen ellas mismas las citaciones a su agresor".

Para Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de AI, "Lo que las mujeres de México necesitan es que sus denuncias se tomen en serio, y poder acceder a la justicia y a mecanismos de protección efectivos, como los de los refugios".

Según datos facilitados hoy por AI, una de cada cuatro mujeres de México ha sufrido violencia física y/o sexual a manos de su pareja. El 82 por ciento de las víctimas no lo denunciaron a las autoridades.

En todo México hay 60 refugios, 36 están gestionados por organizaciones de la sociedad civil y el resto por autoridades estatales o municipales.

CASOS

Antes de que su ex marido, del que se había divorciado 12 años antes, entrara en su casa, en Sonora, el 31 de agosto de 2005 y la apuñalara, dejándole graves secuelas, Marcela le había denunciado en diez ocasiones ante el Ministerio Público, que, lejos de otorgarle protección, le recomendó que resolviese el problema directamente con su agresor.

Él fue condenado a 10 años de prisión por intento de asesinato, pero no fue juzgado por amenazas y acoso sexual. Ha recurrido la sentencia y Marcela teme que cuando salga de la cárcel la mate.

Además, el agresor se declaró insolvente, por lo que Marcela, que tiene tres hijos, no ha recibido ninguna indemnización.

En Morelos, en octubre de 2006, Teresa (el nombre es ficticio, como el de Marcela), presentó una denuncia contra su hermano por agresión física ante el Ministerio Público, que le recomendó que se reconciliara con su agresor, al que debía entregar una citación.

Tras la reunión de conciliación, el agresor accedió a abonar los gastos de la atención médica privada que había recibido Teresa por sus lesiones y el precio de un nuevo par de gafas para sustituir el par que él le había roto.

No se elaboró ningún informe médico oficial de las heridas de Teresa, ni se registró el caso, pese a que el hermano ya la había agredido anteriormente.

Mericia, joven profesora y madre de un bebé de seis meses, desapareció de su casa, en Oaxaca, el 21 de agosto de 2005. Cuando su hermana Adela acudió al Ministerio Público local le respondieron que no se preocupara, pues su hermana volvería pronto.

Ante la insistencia de Adela se abrió una investigación, pero ocho días después. Ni la policía ni el Ministerio Público entrevistaron a los testigos encontrados por la hermana de Mericia, que, a día de hoy, sigue desaparecida.