El magistrado investiga en esta causa la presunta comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. A Medina le imputa también el delito de alzamiento de bienes. La Fiscalía Anticorrupción presentó una querella en su contra por haber percibido comisiones de entre el 60% y el 80% del valor total de la venta de mascarillas, guantes y test en lo más duro de pandemia.

Fuentes jurídicas aseguraron que ante el juez aseguraron que sólo tenían un contacto en el Ayuntamiento que era la responsable de contratación, Elena Collado, rechazando así la sospecha de que Medina se valió de la intermediación de un primo del alcalde de Madrid, Carlos Martínez Almeida, para contactar con los responsables del Consistorio.

Según la Fiscalía, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal fue el facilitador de la transacción y la persona que contactó con el Ayuntamiento ”aprovechando" su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid” que fue, según su primera declaración ante el ministerio público, el contacto con la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado. Luceño ha insistido en que toda la transacción fue legal y en que todos los detalles de la operación eran conocidos y aceptados por la Administración municipal.

A tenor de la declaración ante el juez, se puede apreciar un cambio de estrategia en la defensa de los empresarios. Si en un primer momento, Medina se declaró engañado por Luceño ante el fiscal, este lunes ha asegurado que el reparto de la comisión entre ellos estaba pactado y que no se sintió engañado.

Por su parte, a Alberto Luceño se le investiga por ser el encargado de las negociaciones con la funcionaria Collado. Se vendió como agente exclusivo de la empresa vendedora del material sanitario y empresario de experiencia en materia de importación de productos del mercado asiático, cuando en realidad no tenía experiencia en el sector ni actuaba por motivos “altruistas”, según la Fiscalía.

El Ministerio Público no ha solicitado medidas cautelares para los dos empresarios, mientras que las acusaciones populares ejercidas por los partidos de la oposición en Madrid, ha pedido que se les retire el pasaporte. El juez tendrá que tomar una decisión al respecto.