Según se desprende del tomo II de enmiendas a la Ponecia Marco referidaal nuevo modelo socialdemócrata, la creación de empleo ha de ser prioritaria para el Gobierno y para el PSOE por lo que se debe poner en marcha "de forma decidida, lo que antes o después tiene que llegar, el reparto de trabajo existente".

Ante la evidente incapacidad del Gobierno para generar empleo con la rapidez y eficacia necesarias, los socialistas de Valencia, Madrid, Murcia, León, Alava, Cantabria, Vizcaya, Galicia, Guadalajara y Andalucía piden la adopción de medidas concrets para repartir el emplao existente en la actualidad.

Prácticamente todas las agrupaciones proponen un recorte drástico de la jornada laboral y un descenso proporcional de los salarios, en especial de los más altos, en favor de los menores. En vista del número de delegados que apoyarán estas enmiendas es muy probable que ambas se adopten como linea de actuación del PSOE en el 33 Congreso.

En esta misma linea, las agrupaciones valencianas defenderán la desaparición progresiva de las horas extraordnarias o incluso su prohibición, sobre todo en el caso de las empresas que hayan declardo beneficios en el años anterior. Con menores apoyos los socialistan también tednra'que disscutir sobre la supresión de los contratos blindados y la erradicación del pluriempleo.

La preocupación por el "mayor problema de la sociedad española" ha llevado a la comarca de Vigo a proponer la elaboración de una "Ley de Reparto del Empleo" que podrá incluir el aumento del período de vacaciones a cinco semanas según pierd la agrupación de Alava.

CATALUÑA EN CONTRA

Los delegados socialistas al 33 Congreso creen que el aumento de la competitividad es imprescindible para reactivar la economía y crear nuevos puestos de trabajo y que, además, no se verá perjudicada por la reducción de la jornada laboral.

Sólo Cataluña presenta una amplisima enmienda en contra de las medidas de reparto del empleo, por entender que la redistribución del trabajo exitente es "limitativa" y advierten que la creación de puestos mediante l reduccción de hora de la jornada laboral "no puede ser grande".

Acompañan su tesis con una sólida argumentación y abundancia de encuestas y datos sobre otros países europeos, donde ya se ha experimentado este camino y ha quedado demostrado que su eficiacia "es muy parcial".

El aumento de la competitividad puede ser potenciado, según la mayoría de las agrupaciones socialistas, por un descenso de los tipos de interés. En este sentido, Madrid insiste en que "Los poderes públicos deben garantizar qu los descensos de los tipos de interés repercutan en los costes del dinero solicitado por los clientes para reactivar la economía".

NO A LA REFORMA LABORAL

La reforma laboral impulsada por el Gobierno quedará en entredicho ante la presentación de enmiendas contrarias por partre de viente agrupaciones socialistas convencidas de que "la reforma laboral no es la única ni la principal medida posible para la creación de empleo".

Los socialistas de Lugo, Madrid, Jaén, Córdoba, La Rioja, Cantabria y Vlladolid aconsejan no suprimir la autorización administrativa previa a los despidos colectivos y rechazn la ampliación de las causas por las que el despido puede ser declarado procedente porque supondría "en la práctica un abaratamiento del mismo".

Quienes defienden esta postura, todas las agrupaciones guerristas y algunas de las dominadas por renovadores, aseguran que detrás de estas medidas se esconde el despido libre. El contrato de aprendizaje propuesto por el Gobierno no ha suscitado enmiendas delos delegados.

BIENESTAR O BENEFICIENCIA

El debate de fondo que suscita todas estas enmiendas es el futuro del Estado de bienestar. Una amplia mayoría de los 888 delegados al Congreso socialistas defenderá el reforzamiento del sistema generalizado de pretaciones y rechazarán, por tanto, la idea de que el Estado solo se ocupe de quienes no pueden pagarse unos servicios privados.

Consideran que este modelo es propio del capitalismo y piden como el caso de Zaragoza "un esfuerzo inversor importanteen los próximos años, en infraestructuras y recursos humanos".

La mayoría de las agrupaciones entienden que la crisis económica actual no debe llevar a la reducción del nivel de prestaciones existente, pero admiten que "las prestaciones sociales se graduen en función de la capacidad económica de sus beneficiarios".