En esta vista serán juzgadas más de 30 personas por su presunta responsabilidad en la mortandad de estas aves que ocurría en el verano del pasado año 1986.

Entre los encausados se encuentran dos ex-altos cargos de la Junta de Andalucía, además de dos vendedores de pesticidas y una treintena de arroceros. En el proceso, que lleva el juezde instrucción número 14 de Sevilla, Julián Moreno, prestarán declaración más de 200 personas.

La acusación responsabiliza a los funcionarios de la Junta y a los arroceros de la muerte de las aves por el presunto uso de pesticidas prohibidos, mientras que la defensa atribuye esta mortandad a una epidemia de botulismo.

Los abogados de la acusación, representantes de las asociaciones ecologistas Andalus y Coda, piden un año de prisión menor para los arroceros y los funcionarios del gobierno andaluz además de 140 millones de pts. por su responsabilidad civil subsidiaria.

El fiscal solicita una pena de un mes y un día de arresto mayor para los arroceros y 50.000 pts. de multa para cada uno de ellos con arresto sustitutorio. El abogado del estado exige la misma pena que el fiscal aunque exime de toda responsabilidad a los dos ex-altos cargos de la Junta de Andalucía.

Los letrados de la defensa piden la libre absolución de todos los encausados por entender que la mortandad de las aves se produo por una epidemia natural.

Los abogados de la acusación consideran responsable a la consejería de agricultura por actuar, a su juicio, con negligencia al permitir la utilización de pesticidas ilegales.

Los cargos públicos encausados son Antonio González, ex-director general de Agricultura, y Juan Ignacio Caballero, ex-jefe del servicio de Protección de los Vegetales.