Los hechos se remontan a abril de 2019 a raíz de una información en la que se indicaba que esas terapias estaban siendo realizadas en el marco del Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, un servicio perteneciente a la diócesis de Alcalá de Henares.

García explicó que el diputado de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño ha presentado este recurso de alzada al considerar que "no se ajustan a derecho" los motivos por los cuales no exigieron sanción al obispo.

“Ahora mismo la pelota está en el tejado del Gobierno de Ayuso y deben rectificar ante estas prácticas ilegales y aberrantes”, consideró García. En caso contrario, añadió, “tomaremos acciones legales y tendrán que ser los tribunales los que certifiquen que es el Gobierno de la Comunidad el que está incumpliendo la ley".