En un comunicado, la asociación de jueces y magistrados señala que "siempre estará a favor" de cualquier iniciativa legislativa de protección de las víctims de estos delitos.

No obstante, apuntó que, además de la "buena voluntad" de legisladores, fuerzas de seguridad, personal sanitario, funcionarios, servicios sociales, forenses y resto de personas y servicios implicados, la eficacia de estas medidas dependerá de los recursos económicos que se destinen.

En lo que al poder judicial se refiere, la asociación reconoce que "cuanto más útiles" sean los instrumentos que se pongan a su disposición "mejor" desempeñarán su función constitucional. Aún así, ecuerda que la aplicación del derecho penal no es el único instrumento, ni siquiera el más importante, para solucionar "un problema que es reflejo de otros, como la defectuosa educación o el desprecio del ser humano".