Este centro, puesto en marcha por la Administración regional tras la entrada en vigor de la Ley penal del Menor, tiene una capacidad para 40 internos y dispone de servicios médicos propios cubiertos por dos médicos y dos ATS, que cubren la jornada de 8 de la mañana a 10 de la noche. Durante la noche, el centro no dispone de servicio médico propio. Cicerón, para cubrir esta atención, ha realizado un convenio con las entidades privadas Mapfre y Clínica Madrid, que cubren los servicios urgentes y de ambulancias.

Además, los internos disponen de servicios especializados de psiquiatría, odontología y dermatología.

La oposición criticó este hecho. Tanto las diputada de IU Caridad García como la socialista Elena Vázquez denunciaron que Cicerón haya recurrido a contratar servicos médicos con entidades privadas en vez de que la sanidad pública atienda estos casos, como pasa en todos los centros residenciales de la Comunidad.

Vázquez señaló que no entiende como la Comunidad incluye en los más de 600 millones anuales que da a Cicerón una partida para estos convenios privados y denunció el hecho de que favorezcan el desarrollo de la iniciativa privada.

La directora del IMMF afirmó que el convenio entre Cicerón y las dos entidades médicas aseguradoras no lo realiza la CAM sno la entidad que gestiona el centro.