Virginia Díaz dividió la población reclusa madrileña en cuatro grandes grupos: el más amplio, denominado de presos sociales, que abarca a la población inmigrante y las minorías étnicas; los llamados peligrosos; los ligados a bandas armadas como ETA y los internos con problemas mentale y psiquiátricos.

Con respecto a los penados que cumplen condena por delitos vinculados directa o indirectamente al tráfico de drogas ilegales, más del 80% de los internos, la diputada dijo que la penalización de las drogas no sólo supone la consecuencia directa de sus condenas, sino que además, al circular libremente en las cárceles, se crean las mismas redes de compraventa y corrupción que en las calles, con el añadido de que en las prisiones las drogas son más escasas y triplican su precio.

"E necesario por ello un cambio profundo de las políticas estatales en relación con las drogas ilegales, con su consumo y tráfico. Tarde o temprano algún Estado dará la salida a un cambio radical que normalice el uso de estas sustancias y que rompa la lógica del mercado paraestatal de las drogas ilegales", señala el informe.

La diputada criticó el hacinamiento en la mayoría de las cárceles madrileñas y, en relación con el trato a los internos, puso de manifiesto las innumerables denuncias de presos de Sto del Real ante el Juzgado de Colmenar Viejo. Las denuncias se refieren a malos tratos físicos, desnudos integrales en los cacheos y a la reducción de los presos en los celulares mediante el esposamiento a la cama.

La mala alimentación, debida a que se destina a ese fin el mismo presupuesto que en 1990 ( 450 pesetas por día) y la coexistencia en el mismo centro de presos peligrosos con otros con problemas mentales, son otras de las denuncias de IU.

REGIMEN SANCIONADOR

Respecto a la celdas de aslamiento o celulares, Díaz explicó que este régimen es aplicado sin distinción a los presos de ETA. Aunque el régimen sancionador establece un aislamiento máximo de 14 días, en la práctica hay reclusos que pueden estar meses y años en este tipo de celdas, dijo.

"Sin duda, la aplicación sistemática del régimen especial a un colectivo de presos por su pertenencia a tal colectivo, y no en virtud del comportamiento en el centro y de las características del sujeto, vulnera los derechos más elementales de os presos consagrados en nuestras propia leyes y en la normativa internacional. Objetivamente se puede hablar en este sentido de malos tratos", señala el informe.

El documento se refiere también a la asistencia sanitaria y pone de manfiesto que el 20% de la población penitenciaria es seropositiva al VIH y cerca de la mitad de los reclusos, unos 7.000, al virus de la hepatitis C. Asimismo, carecen de atención odontológica y psiquiátrica.

IU concluye que la situación de las cárceles madrileñas "no s nada halagüeña" y que "la actual política penitenciaria no cumple el fin que la Constitución y las leyes prevén para la ejecución de la pena, esto es: la reeducación y la reinserción social".