"De este modo, resultará más barao reciclar y reutilizar que verter", dijo el mandatario madrileño, que afirmó que este canon tendrán que pagarlo los productores de residuos peligrosos, no peligrosos y escombros, que deberán abonar una cantidad concreta por cada tonelada o metro cúbico que depositen en vertederos.

Este impuesto recaerá tambien sobre los que tiren residuos en sitios no autorizados. La norma prevé también que los dueños de suelo donde se abandonen residuos y que no alerten a la Comunidad de su existencia puedan ser decarados responsables solidarios de la deuda tributaria.

El Consejo de Gobierno aprobó también remitir al Consejo Económico y Social (CES) el anteproyecto de Ley de Residuos de la Comunidad, que apuesta por desincentivar el vertido e impulsar la reutilización y el reciclaje de residuos.

Gallardón dijo que, cuando esta ley esté en vigor, será obligatorio que los polígonos industriales y los grandes centros comerciales de nuevos desarrollos de los municipios de más de 1.000 habitantes dispongan de intalaciones para la recogida selectiva de residuos.

Asismismo, los fabricantes, importadores o distribuidores de ciertos productos (cerveza, leche..) tendrán que asumir el coste de la correcta gestión de residuo (latas, por ejemplo), ya sea reutilización, reciclaje o eliminación.

El citado anteproyecto establece la obligación de que todos los productores de residuos peligrosos se sometan cada dos años a una auditoría ambiental, a que presenten un estudio de minimización y a que dispongan de un pla de autocontrol.

El incumplimiento de estas obligaciones imposibilitará que los productores obtengan certificados de gestión medioambiental e incluso podrán perder la autrización para llevar a cabo sus actividades.

El Gobierno regional, explicó Gallardón, se compromete a utilizar en sus obras públicas materiales recuperados como sustitutivos de materias primas naturales, con el fin de favorecer y fomentar la utilización de materiales procedentes de la valorización de los escombros.

El régime sancionador previsto en este proyecto endurece las sanciones con respecto a la actual legislación. Las multas podrán llegar hasta los 3 millones de euros.

La sanción nunca será inferior o igual al beneficio económico que se podría obtener por incumplir la ley en materia de residuos, destacó Gallardón.