En el Consejo de Archivos se integran todos los sectores afectados, entre ellos la Adminisración autonómica, la Asamblea regional y los ayuntamientos, junto a la Iglesia católica y empresas y titulares privados de archivos que decidan adherirse a la iniciativa. Además, está previsto que se incorporen personalidades de especial relevancia científica o cultural.

El Consejo de Archivos cuenta con un reglamento de composición, organización y funcionamiento, en el que queda claro que es el principal órgano consultivo y asesor en materia de organización de los archivos regionales y de proteccióndel patrimonio documental madrileño.

Las dos funciones más relevantes de este consejo son, por un lado, asesorar a la Administración regional en materia de organización de sus archivos y protección del patrimonio cultural, y por otro, informar de las propuestas de identificación de las series documentales, su valoración, plazos de conservación y acceso, para, posteriormente, archivar los documentos de acuerdo con los criterios previamente adoptados, o bien destruir y eliminar aquellos que carezcan de alor histórico.

De esta forma, se persigue racionalizar el proceso de destrucción de documentos por parte de los organismos públicos, así como establecer los soportes y medios tecnológicos que permitan conservar y almacenar mejor la información (digitalización, microfilmación, etc.).