En la guía, realizada en colaboración con las asociaciones de consumidores y de los 34 servicios de consumo de los ayuntamientos de la región, se informa que la Administración autonómica puede inspeccionar la empresa objeto de la reclamación, para instruir expediente sancionador y para imponer multas, pero en ningún caso puede obligar a qu repare el perjuicio que ha sufrido el denunciante.

Asimismo, la publicación explica las funciones de mediación, para la resolución voluntaria y de acuerdo entre las partes, y las de arbitraje, en las que una junta arbitral dicta un laudo de obligado cumplimiento por las partes en litigio. Aparte de estos procedimientos de carácter administrativo, la guía informa sobre los trámites de una reclamación ante los tribunales de justicia, bien por la vía civil o por la penal.

Finalmente, contiene la reación de los 34 municipios madrileños que disponen de servicios de consumo y de las asociaciones de consumidores que operan en la región, con el número de teléfono al que los ciudadanos deben dirigirse para obtener información inmediata.