Según informó hoy la asociación, la actividad de estas empresas provoca problemas ambientales como la destrucción del área de ocio "Las Islillas", la contaminación, el descenso del acuífero de la zona de río Jarama o los vertidos ilegales en el relleno.

Los responsables de El Soto aseguran que algunas empresas, como Steetley, engañan a los propietarios de las parcelas en las que abren graveras, asegurnado que son legales.

"Las consecuencias para los propietarios de estas parcelas se derivan de la paralización administrativa de estas extracciones ilegales (como ya sucedió en la zona de 'La Guindalera', en las juntas de los ríos Jarama-Henares) por decreto de la Agencia del Medio Ambiente, pudiend quedar las vaciados abandonados tras la retirada de la maquinaria, corviertiéndose en focos de futuros vertidos ilegales, como ya ha sucedido en otras ocasiones", dicen.