López explicó, en la presentación de un informe sobre la siniestralidad laboral en los jóvenes que trabajan en la Comunidad de Madrid (CAM), que tras más de 1.000 visitas a empresas con sede en la capital "el 95% incumple la normativa en materia de prevención laboral, porque en casi todos los casos los empresarios desconocen que exista tal normativa".

A este respecto, exigió al Gobierno regional "que actúe, sancione y denuncie a las compañías que cometan negligencias d este tipo", para defender a los trabajadores y disminuir el coste económico derivado de las bajas laborales, que, en la actualidad, "suponen 9.000 millones de euros al año".

Además, López presentó las conclusiones del estudio sobre la siniestralidad laboral en los jóvenes y destacó que en el 54% del total de accidentes en Madrid están implicados ciudadanos menores de 30 años.

23% JOVENES PARADOS

El informe indica que la tasa de desempleo de los jóvenes menores de 25 años en la Comunidad alcanz el 23% (7 puntos más que la media de la Unión Europea) y la tasa de temporalidad asciende al 69,3%, mientras que en el total de la población no llega al 30%.

En cuanto a los accidentes de tráfico, los jóvenes sufren el 60% del total, siendo el colectivo con edades comprendidas entre 18 y 24 años el más perjudicado, al protagonizar el 21% de los siniestros de este tipo en la Comunidad.

Asimismo, el estudio señala que los mensajeros y repartidores de comida rápida sufren entre un 15% y un 20% de ls accidentes ocurridos en Madrid, por las condiciones de precariedad en el trabajo y la necesidad de efectuar sus entregas en "tiempo record" para conseguir cobrar su sueldo, ya que en las nóminas los incentivos son una parte "muy importante".

Finalmente, CCOO denuncia que los ciudadanos madrileños que consiguen trabajo a través de empresas de trabajo temporal acumulan diversos factores de riesgo en materia siniestralidad laboral, al coincidir la temporalidad, la rotación de puestos de trabajo y la poa antigüedad.

"Las ETT no informan de los riesgos específicos de cada puesto de trabajo y los servicios de prevención externos de las empresas usuarias solo evalúan los riesgos de los trabajadores de plantilla y no los de los empleados en misión o subcontratas, para así abaratar costes", concluye el informe.