Así lo anunció este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Esta reforma, que afecta a una tarifa que actualmente tienen cerca de nueve millones de consumidores, pretende reducir la alta volatilidad de la tarifa actual, que está indexada al precio diario de la electricidad en el mercado mayorista. Rodríguez explicó que “los consumidores no tendrán que hacer nada” para seguir en ella.

La nueva PVPC, tarifa que seguirá siendo exigida para acogerse al bono social, incorporará a partir del 1 de enero una prima de riesgo para cubrir a las compañías comercializadoras ante la posibilidad de que los precios sufran grandes subidas con respecto al coste al que fueron contratados con anterioridad llevándolas a la quiebra.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, esta ha sido una recomendación de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) que se ha incorporado a la reforma.

El grueso de la reforma es que la nueva fórmula de cálculo del PVPC incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente. De hecho, mantiene los horarios de las tarifas punta, llano y valle.

Para evitar fuertes oscilaciones del precio, el nuevo sistema reduce progresivamente la vinculación del PVPC al mercado diario teniendo en cuenta los precios más estables que ofrecen los mercados a plazo, donde se adquiere energía con antelación en distintos horizontes temporales futuros.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del pool se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que éstos representen el 25% en 2024, el 40% en 2025 y el 55%a partir de 2026.

Estas referencias de precios a los mercados a plazo, a su vez, estará integrada por una cesta de indicadores con distinto horizonte temporal. En concreto, el 10% correspondería al producto mensual, el 36% al producto trimestral y el 54% al producto anual.

En los más de seis meses desde su aprobación y su aplicación en el recibo, las compañías eléctricas que ofrecen dicha tarifa deberán adaptar su operativa para poder aplicarla desde el próximo enero y deberán empezar a adquirir la electricidad a plazo desde el próximo 1 de julio.

HOGARES Y MICROEMPRESAS

Otra de las novedades, es que el Gobierno solo permitirá que los hogares y las microempresas estén acogidos a esta tarifa regulada limitada a potencias de hasta 10 kilovatios (kW)., por lo que fijará un plazo para que las pymes y los organismos oficiales se pasen al mercado libre. Si no lo cumplen, sufrirán un recargo del 20% en la tarifa.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la directiva europea establece que se trata de una tarifa transitoria, la nueva regulación establece que la CNMC realizará una monitorización de la evolución de la PVPC entre los consumidores para evaluar la necesidad de que se mantenga o se elimine en el futuro. esta primera revisión debe producirse en 2025.

antes del fuerte impacto alcista provocado por la guerra en Ucrania, el PVPC fue la opción más barata para los pequeños consumidores desde su creación en 2014. Sin embargo, su relación directa con los precios mayoristas a corto plazo provocó que se disparara como consecuencia de los altos precios del gas desde mediados de 2021.