En una entrevista con Servimedia, Llop explicó que su departamento busca que no se den casos como el de Sueca (Valencia) de comienzos de este mes de abril, cuando un hombre separado asesinó a su hijo de 11 años. Este homicida tenía en vigor una orden de alejamiento de su exmujer y un régimen de visitas a su hijo, resoluciones que fueron dictadas por juzgados distintos.

La ministra indicó que por ello su departamento estudia una serie de mejoras, en principio sólo aplicables a las comunidades y ciudades autónomas que no tienen la competencia de Justicia transferida (Castilla-La Mancha, Baleares, Castilla León, Murcia, Extremadura, Ceuta, Melilla y los órganos con jurisdicción estatal).

Para estos territorios se estudian varias iniciativas, como que todos los juzgados de familia estén dados de alta en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). Esta base de datos incluye información de varias fuentes, entre ellas el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y el Registro Central de Penados.

“GRAN PROYECTO” DE TRANSFORMACIÓN

Llop también se refirió a que otra medida que ha encargado analizar es “que pueda saltar una alarma o que haya una conexión entre el sistema de gestión procesal y el registro de medidas de alejamiento”, lo que evitaría casos como ese de Sueca, en el que un juzgado acuerde suspender el régimen de visitas de un maltratador a sus hijos y otro fije un sistema de custodia compartida.

En cuanto a la reforma en conjunto de la Justicia, Llop indicó que su Ministerio está inmerso en un “gran proyecto” transformador y que se está ejecutando dentro del Plan Justicia 2030, que se puso en marcha al comienzo de esta legislatura.

En cuanto a la reciente aprobación en el Consejo de Ministros de los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y Ley de Eficiencia Organizativa, apuntó que estas iniciativas legales servirán para dejar atrás un “modelo obsoleto, decimonónico y agotado”.

También destacó la importancia que tendrá que los actuales 7.000 juzgados de paz se transformen en “oficinas judiciales municipales”, algo que será un elemento “cohesionador social y territorialmente”, ya que permitirá que los ciudadanos accedan “al recurso de justicia cerca del lugar donde viven”.