Suárez hizo estas declaraciones a Servimedia después de que las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia (JpD) remitieran al plenodel Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe planteando la supuesta irregularidad cometida por el Gobierno en aquel momento.

Preguntado por la posición de la APM al respecto, Suárez dijo que su asociación no quiso suscribir el informe de JpD y Francisco de Vitoria porque "la cuestión ya fue resuelta en su momento por el Tribunal de Conflictos y no hay nada más que decir".

Según explicó el portavoz de la APM, cuando el Gobierno concedió el indulto a Javier Gómez de Liaño, se presentó u recurso alegando que el Ejecutivo se había excedido en sus competencias al indultar los antecedentes penales. Sin embargo, el Tribunal de Conflictos dictaminó que el Gobierno actuó dentro de sus facultades.

Los magistrados del citado tribunal argumentaron que "la competencia para la determinación del alcance del indulto en cuanto a la pena ejecutada corresponde al Gobierno", mientras que "las cuestiones relativas al reintegro de Gómez de Liaño en la carrera judicial competen al Consejo General del Poer Judicial".

Para Suárez, aunque el informe de ambas asociaciones es "intachable jurídicamente", la polémica quedó zanjada con la decisión adoptada en su día por el Tribunal de Conflictos. "Es una cuestión que está ya decidida judicialmente. No se puede pretender toda la vida resucitar este tipo de cuestiones", añadió.

El Pleno del CGPJ estudiará mañana el reingreso de Javier Gómez de Liaño en la carrera judicial, de la que fue expulsado tras ser condenado por un delito de prevaricación.