En un informe sobre el anteproyecto de Ley de Partidos que hoy debate el CGPJ, al cual ha tenido acceso Servimedia, la citada asociación ve "excesiva amplitud" en el hecho de dejar en manos de sólo 50 diputados o 50 senadores una iniciativa "que podría obedecer a ocultos deseos de ocupar el espacio electoral del partido demandado".

"Por parecidas razones cabe cuestionar la legitimación del Gobierno de la Nación, que desde la transición hasta nuestros día viene siendo monocolor, formado por el partido político ganador de las elecciones generales".

Por todo ello, la Francisco de Vitoria cree que "el criterio más acorde con los principios jurídicos" es que sólo el Ministerio Fiscal pueda instar la ilegalización, porque ese es el órgano al que la Constitución encomienda promover la defensa de la legalidad.

No obstante, concluye, "si esa legitimación exclusiva se considerase excesivamente restringida, cabría plantearse el abrirla a las Cortes Generals, pero pensando en una mayoría extramadamente cualificada de ambas Cámaras conjuntamente, de modo que revelase una iniciativa de la práctica totalidad de los representantes del Pueblo español".

Este asociación ve, por otro lado, "seriamente objetable" que la jurisdicción de la ilegalización recaiga en la Sala Especial del Tribunal Supremo, compuesta por los presidentes de cada una de las cinco salas más los magistrados más antiguo y más joven de cada una de ellas.

Considera que supuestos como lafalta de estructura interna y falta de respecto a la Constitución en la actividad del partido son diferentes y mientras el primero afecta exclusivamente a los afiliados, el segundo afecta al conjunto de los ciudadanos.

La Francisco de Vitoria estima que eso invita a pensar "si la disolución no debería encomendarse a órganos igualmente diferentes", esto es, que un asunto como el de la falta de estructura interna fuera visto por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mientras quela disolución propiamente dicha fuera vista por el Tribunal Constitucional.

DESAUTORIZACION NO DESEABLE

Al margen de otras consideraciones de técnica jurídico.-procesal, la asociación estima previsible un recurso ante el TC y, si nunca son "deseables" conflictos entre el Supremo y el Constitucional, dice, "menos lo serán" cuando, llegado el caso, se desautorice a una Sala Especial que la propia ley configura como un Pleno "simbólico" del Supremo.

Además, recuerda el informe, la inmediata ejecucón de una ilegalización "no parece compatible" con un previsible recurso de amparo ante el TC que, en caso de estimación "podría acabar afectando a procesos electorales ya cerrados".

Ya en términos de derecho procesal, el informe recuerda que "inevitablemente" un juicio por ilegalización "no se fundará tanto en pruebas determinadas, sujetas a las reglas normales del proceso judicial, cuanto en hechos notorios que a veces tendrán incluso dimensión histórica".

Si fuera el TC, como propone esta asocaición, el encargado de dirimir la ilegalización de un partido, este se convertiría en "un sujeto de derecho cuya dimensión trascendería de la dimensión pública o privada para alcanzar una dimensión conflictiva directa y esencialmente constitucional".

Por último, la asociación Francisco de Vitoria rechaza que el Ministerio del Interior pueda instar la ilegalización de uns siglas que se consideren sucesoras del partido ya ilegalizado, y propone que esto recaiga "exclusivamente" en el Ministerio Fiscalen las partes del proceso inicial.