Con este proyecto, que consta de exposición de motivos, 25 artículos, 3 disposiciones adicionales y dos disposiciones finales, el Ejecutivo ha querido seguir su "espíritu" de ampliación de derechos y no erigirse en intérprete de la historia, que queda para los historiadores y la memoria personal de los afectados, aseguran fuentes gubernamentales.

Los artículos 1 a 7 realizan un reconocimiento general a los que padecieron persecución en razón de su ideología, etnia u orientación sexual; para quienes eso no sea suficiente, establece un mecanismo de rehabilitación personal a petición de la víctima o de sus deudos.

Esta es la principal novedad del texto, puesto que viene a paliar la renuncia que hace el Gobierno a anular los consejos de guerra, como pedían diversas asociaciones de represaliados y los socios parlamentarios del Ejecutivo IU, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ó CiU (cuyo caso más emblemático es el fusilado fundador de Uniò, Carrasco Formiguera).

La escasa doctrina del Tribunal Constitucional en esta cuestión, explican las mismas fuentes, invita a no abrir 30 años después procesos cuyas sentencias agotaron sus efectos jurídicos hace décadas. Y, además, señalan, serían cientos o miles los procedimientos legales a reabrir con un gasto notable por parte de las familias.

En lugar de las anulaciones, se crea un consejo compuesto por cinco notables de reconocido prestigio nombrados por 3/5 del Congreso (210 diputados). Esa mayoría no es baladí, puesto que requiere el apoyo del PP a los cinco nombramientos.

Las fuentes gubernamentales consultadas explican que es la mejor prueba de que no se quiere hacer partidismo con esta cuestión y esperan que, aunque el PP rechace el texto, no bloquee la puesta en marcha.

El mecanismo de rehabilitación será el siguiente: una vez aprobada la ley, allá por febrero de 2007, la víctima o sus allegados hacen solicitud formal a la Administración central. Una comisión interministerial recopilará información y elevará el expediente al citado consejo. Una vez admitida la rehabilitación, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde que el represaliado o sus familiares solicitan el reconocimiento de las Cortes, que no tendrá efectos económicos, hasta que el BOE publica la declaración, no podrán pasar más de dos años y medio.

El Gobierno ha recibido unas 15.000 cartas pidiendo, básicamente, reconocimiento moral, y, aunque finalmente todos esos no inicien el procedimiento, pretende que el citado consejo resuelva en esos dos años y medio los varios miles de expedientes que se producirán y luego se disuelva.

40 INDEMNIZACIONES

La memoria económica del proyecto de ley contempla un gasto global que rondará los 60 millones de euros, incluídas aquí subvenciones, gastos de gestión de rehabilitaciones, indemnizaciones, y nuevo reconocimiento de derecho de pensión, y aumento de los ya reconocidos, así como incremento de complementos de orfandad. Son precisamente las reclamaciones económicas las que se llevarán 20 millones de euros del total.

Un primer grupo, de unas 40 personas, son muertos y heridos por represión policial o parapolicial entre el uno de enero de 1968, la misma fecha de origen que se estableció en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2002, y el 6 de octubre de 1977, promulgación de la Ley de Amnistía. Todos ellos recibirán, en un solo pago, 135.000 euros.

Ahí se engloban casos como los del estudiante Arturo Ruiz, asesinado el 24 de enero de 1977 de un balazo cuyo origen se atribuyó a grupos ultraderechistas, y la de la también estudiante María Luez Nájera, también estudiante, que murió dos días mas tarde por el impacto de un bote de humo lanzado por las Fuerzas de Seguridad del Estado en la manifestación para protestar por la muerte de Arturo Ruiz.

Asimismo, figuran entre los 40 beneficiados las familias de Pedro María Martínez, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, los cinco obreros que murieron en la iglesia San Francisco de Asis de Vitoria, al desalojarla violentamenta la Policía mientras se celebraba una asamblea de trabajadores.

Otro colectivo de 700 personas, que no pudieron en su díaacogerse a la ley 5/79 de concesión de pensiones a represaliados por no entrar dentro del plazo de la citada ley, ahora podrán solicitarlo; y los que perciben un complemento de orfandad por ser hijo de víctima de la represión en su pensión lo verán incrementado hasta 132,86 euros mensuales.

Para aquellos que hayan estado en batallones disciplinarios como el que construyó el Valle de los Caídos, así como para los presos que tenían entre 60 y 65 años y no pudieron acogerse a anteriores leyes (en total unos 1.500 españoles), el tiempo de condena computará como cotización a la Seguridad Social a los efectos de cálculo de pensión.

Y, por último, a todos los encarcelados durante el franquismo que han recibido en los últimos 30 años algún tipo de resarcimiento y se les aplicó un descuento del 15% anual del IRPF, se les va a realizar un único pago para devolverles ese descuento.

PERMANECE LA VIDRIERA

Respecto a las exhumaciones de fusilados de forma extrajudicial (las asociaciones calculan 30.000 muertos), el texto se limita a obligar a las administraciones autonómica y local a colaborar con los familiares que quieran desenterrar a los suyos; siempre bajo tutela administrativa y judicial, que decidirán, en última instancia en caso de contradicción (en una fosa común, que unos familiares quieran exhumar y otros no).

Las fuentes consultadas estiman que a este precepto se van a acoger no sólo familiares de desaparecidos en el bando republicano, sino también los del bando nacional. De hecho la vicepresidenta primera y coordinadora del proyecto, María Teresa Fernández de la Vega, ha mantenido reuniones con La Falange.

Existen fosas comunes muy famosas como la de Paracuellos del Jarama (Madrid), donde en el otoño de 1936 fueron fusilados de forma extrajudicial cientos o miles de presos del bando nacional.

El proyecto de ley, además, establece que en los monumentos públicos y edificios dependientes del Estado no podrá haber símbolos franquistas ni estatuas del dictador. A las autonomías y ayuntamientos se les recomienda que hagan lo mismo. Cuestión aparte es la Iglesia Católica, que decidirán libremente si quiere o no quitar las plazas que aún lucen muchas catedrales.

La retirada no será efectiva cuando el símbolo franquista forme parte de un entorno histórico artístico, Por ejemplo, según las fuentes consultadas, la vidriera del Alcázar de Toledo representando el águila imperial de la bandera franquista no se va a retirar.

En cuanto al Valle de los Caídos, donde están enterrados Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, y que es lugar de peregrinación todos los 20 de noviembre desde hace 30 años, el texto de la ley prohí1be la celebración de "actos de exaltación de la Guerra Civil ni de sus protagonistas".

Es decir, que ya no habrá, en el recinto del valle, no sólo dentro de la basílica, los tradicionales homenajes brazo en alto con banderas preconstitucionales y canto del Cara al Sol.

Los estatutos de la fundación que rigen la basílica serán modificados para "honrar" la memoria de todos los caídos en la guerra, no sólo los del bando nacional, y durante la posterior represión.

Junto a este proyecto de ley, el Consejo de Ministros remite hoy a las Cortes dos informes, uno general sobre las reparaciones que han recibido los colectivos de represaliados en los 30 años de democracia, y uno sobre la situación de los archivos.

Este último recomienda al Ejecutivo que apruebe una Ley de Archivos y Documentos que unifique la dispersa regulación que hace, por ejemplo, que la documentación de la Guardia Civil, el Ejército o la Policía, sea tratada con diferentes normativas.