La remisión de este informe se produce tres días antes de que Posada comparezca el próximo jueves ante la citada comisión para explicar el conenido del proyecto de ley.

Ese informe, al que ha tenido acceso Servimedia, comienza señalando que la cooperación "pretende alcanzar, mediante un proceso dinámico, a través de cauces de participación, un nuevo concepto de unidad nacional" e intenta acabar con las suspicacias levantadas entrelos nacionalistas asegurando que "la cooperación no afecta a la titularidad de la competencia".

Pero eso, añade el texto, no es óbice para que haya que redefinir los lazos de Estado y comunidades "tanto para grantizar la participación de estas últimas en la fase ascendente de toma de decisiones comunitarias cuanto en la fase descendente o de ejecución".

"(...) En otras palabras, hay que tratar de superar la separación formal y absoluta de competencias, evitando centrar la atención en la división constitucional de aquéllas entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos, y poner el acento en la interdependencia, y en la mutua influencia que cada nivel de gobierno es capaz de ejercer sobre el otro", exlica el departamento de Posada".

Y recuerda que la cooperacion es obligada porque "se enmarca en un deber general de apoyo y de mutua lealtad que, aunque no escrito, tiene carácter constitucional".

"En este sentido, las técnicas cooperativas no atentan contra la autonomía; por el contrario, son instrumentos que garantizan el aumento del nivel de integración política del sistema. Se impone así, si se quiere consolidar esta integración política del Estado, el principio de cooperación como el instruento necesario para el cumplimiento de los fines propios del Estado autonómico", añade.

Lealtad y solidaridad, argumenta el Gobierno, exigen "no una actitud pasiva de respeto a los demás en el ejercicio de sus competencias", sino sobre todo, una "posición activa" de búsqueda del acuerdo. Una lealtad, prosigue, que es "incompatible con un reparto competencias basado en la exclusividad de las competencias".

El objetivo, insiste, "no es otro que el de conseguir la integración de todos los pueblos deEspaña y de sus territorios en el proyecto o proyectos comunes, que de manera voluntaria, racional y democráticamente nos vayamos estableciendo, a fin de asegurar el desarrollo armónico del conjunto, tanto en el ámbito económico, como en el social o cultural, haciendo realidad los principios de solidaridad e igualdad personal e interterritorial".

Lo hecho hasta ahora en materia de cooperación "tiene carácter voluntario y no vinculante" y la Ley de Cooperación viene a suplir eso para articular "más y mjores mecanismos de participación de las Comunidades Autónomas en los órganos estatales y deben racionalizarse los instrumentos de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y, particularmente, entre estas últimas".

INSTRUMENTOS

Uno de los instrumentos será la Conferencia Sectorial, órgano en el que se reúne cada ministro con los correspondientes Consejeros de todas las Comunidades Autónomas para tratar temas sectoriales que afecten por igual a todas las Comunidades Autónomas.

ElGobierno comtempla modificar su estructura y funcionamiento "reforzando" la posición de las Comunidades Autónomas tanto en lo que se refiere a la estructura orgánica, como en lo que se refiere al funcionamiento.

En cuanto a las comisiones bilaterales de cooperación con cada comunidad, el Ministerio de Administraciones Públicas las evalúa de forma positiva porque es una vía de diálogo que evita la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ha conducido a disminur en buena medida la conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Respecto a la posibilidad de crear una Conferencia general de cooperación autonómica, que sería "una conferencia de Conferencias Sectoriales", el Gobierno no la ve con malos ojos, pues en ella "se sentarían las líneas maestras de cooperación".

"Pero, además, esta Conferencia puede tener otras utilidades", dice el informe, "puede ser el foro natural de debate de los asuntos que afecten a varias materias y que requiera un tratamiento unificado -podemos pensar, por ejemplo, en temas como la inmigración-. Puede ser el marco donde se establezcan los planes y programas necesarios, e incluso las acciones y los medios adecuados para la consecución de los objetivos que se propongan ante una cuestión concreta, y donde se haga un seguimiento detallado de los resultados alcanzados para, en su caso, adoptar las medidas correctoras o complementarias que sean necesarias".

Esta Conferencia General, a juicio del Gobierno, podría er "órgano impulsor" de soluciones a problemas autonómicos comunes y "foro promotor" de iniciativas que correspondan al Estado.

Por otro lado, el Ejecutivo cuestiona el actual funcionamiento de los llamados `convenios verticales` entreel Estado y varias autonomías, y propone dejarlo sólo "para los supuestos en que esa cooperación no se pueda llevara cabo a través de los cauces que se establecerán en las Conferencias Sectoriales o Comisiones bilaterales o plurilaterales de cooperación".

COOPERACIONENTRE AUTONOMIAS

Otro aspecto que tiene especial relevancia en el informe es el de la cooperación horizontal, la posibilidad de contemplar "cauces formales, ágiles, flexibles y eficaces" que permitan la cooperación entre Comunidades Autónomas en asuntos que solo a ellas interesan.

"Hay que examinar la posibilidad de reforzar los convenios horizontales que, aún estando contemplados expresamente en la Constitución, quizá no están jugando el papel que podrían representar para el cumplimiento de los bjetivos que integración de una política común, o para la resolución de los problemas que afectan a dos o más Comunidades Autónomas", dice el informe.

"También en este ámbito de la cooperación horizontal se podría instrumentar un cauce que posibilitara la constitución de Comisiones bilaterales entre las Comunidades Autónomas y sin la participación del Estado. Y respecto a las Comisiones multilaterales de cooperación, se podría pensar igualmente en su constitución por Comunidades Autónomas exclusivamene, sin asistencia del Estado", concluye al respecto.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha venido insistiendo reiteradamente en la necesidad de acudir a mecanismos de negociación que permitan el acuerdo y eviten la multiplicidad de impugnaciones.

La previsión legislativa de mecanismos que favorecen la solución previa, en vía extraprocesal, "ha demostrado su eficacia práctica", dice el ministerio, y cita la Junta de Cooperación entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra o las, más ecientes, Comisiones Bilaterales previstas en la Ley Orgánica 1/2000, de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

PARTICIPACION EUROPEA

Por lo que respecta a la participación de las autonomías en la UE, el informe reconoce que "habría que reforzar los cauces de participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos, participación cada vez más importante y en la que ha sido especialmente activa la labor del Gobierno en los últimos años".

Y se debe hacer a travé de la Conferencias para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, donde se informa de los asuntos que son tratados en los Consejos europeos, así como de la posición del Gobierno español en relación con ellos.

"También hay que reforzar la representación permanente en la Comisión Europea", se dice en el texto; "hay que estudiar la mejora del llamado Acuerdo de participación interna, y hay que potenciar la participación de las Comunidades Autónomas en los comités de la Comisión".

Hoy las Cmunidades Autónomas participan directamente en 55 comités de la Comisión Europea, y en estos momentos en uno de los grupos de trabajo de esta Comisión que se ha creado. Según el Ejecutivo, "se está estudiando ampliar su número para lograr que estén presentes en todos los comités que traten asuntos de su competencia, y en los que estén lógicamente interesados".