Este documento, al que ha tenido acceso Servimedia, ha sido presentado por los juristas en el trámite que debe seguirse ahora en la Cámara Baja una vez que la proposición de amnistía ha sido tomada en consideración y se está tramitando en esta sede parlamentaria.

Tras un primer informe de los letrados del Congreso que permitía que la ley se tramite, los juristas asignados a la Comisión de Justicia emiten otro dictamen sobre el texto y ponen serios reparos al mismo.

Así, este informe apunta que el texto de la amnistía puede vulnerar la Carta Magna, ya que el efecto que se busca, eximir de responsabilidades legales a independentistas catalanes, debería hacerse “a través del procedimiento de reforma constitucional”.

Los letrados también se refieren a que vulnera los principios de la UE que la iniciativa presentada por el PSOE excluya de la amnistía las condenas de terrorismo con sentencia firme; que se quiera perdonar el delito de malversación; o que se busque limitar el alcance de las órdenes de detención europeas.

“DUDAS” CONSTITUCIONALES

Respecto a si la proposición de ley vulnera la Carta Magna, en el informe de los letrados se afirma que “la iniciativa contenida en la presente proposición plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma constitucional”.

Además, se indica que el alcance de la proposición de ley al que se alude en la exposición de motivos podría invadir aspectos que la norma fundamental atribuye “en términos taxativos” y “exclusivamente” a los juzgados y tribunales.

En cuanto al terrorismo, el informe considera que excluir de la amnistía solo los delitos de terrorismo con sentencia firme parece contrario al derecho europeo. Lo mismo sucede con que se puedan borrar el delito de malversación a independentistas catalanes.

En concreto, sobre excluir de la amnistía los delitos de terrorismo con sentencia firme se dice que “podría incidir en el ámbito propio del derecho de la Unión Europea, especialmente cuando la privación de efectos a la orden de detención europea afecte a los delitos de terrorismo y malversación, de regulación armonizada por el Derecho de la Unión Europea”.