En su escrito, la juez recuerda a De la Rosa que mietras dure la orden de prisión provisional bajo fianza los avales que preste para hacer efectiva la libertad provisional

no pueden tener "limitación de tiempo", es decir, no pueden caducar mientras estén vigentes las medidas cautelares dictadas contra el financiero. Asimismo, le indica que no le rebaja los 500 millones de pesetas necesarios para eludir la prisión porque en este momento de la investigación no es "prudente".

De la Rosa hizo efectivos los 500 millones de pesetas de fianza para eludir a prisión a finales del mes de febrero, gracias a las aportaciones de familiares y amigos. Sin embargo, dos de los avales bancarios presentados, que suman un total de 100 millones de pesetas, tenían un carácter limitado, es decir, los fiadores le prestaron el dinero con la condición de que se lo devolviese antes de una determinada fecha.

Los dos avales con fecha de vencimiento y de 50 millones de pesetas cada uno son del Banco Luso Español, cuyo préstamo vence hoy, y del Banco Zaragozano, que termin el 30 de enero de 2001.

UBICADA EN IRLANDA

En un escrito al que tuvo acceso esta agencia, De la Rosa solicitó una reducción de la fianza, dado que algunos de los avales tenían fecha de vencimiento y que le resultaba difícil conseguir otros préstamos por la misma cantidad. Además, el financiero pidió que se diera por válido el aval otorgado por una empresa ubicada en Irlanda llamada Merrion Reinsurrance Co. Ltd.

La juez ha denegado esta última petición dado que, como sostiene el fiscal del aso, Salvador Viada, la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que los fiadores sean españoles o, por lo menos, tenga su domicilio dentro de nuestras fronteras, lo que no ocurre con Merrion Reinsurrance Co.Ltd.

Asimismo, Palacios deniega una reducción de la fianza, que ya quedó rebajada en su día de 5.000 a 500 millones de pesetas por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A esta pretensión de De la Rosa se oponían tanto el fiscal como los abogados del Grupo Torra.

Los letrados del Grupo Torras sostienen que no se puede reducir la fianza de De la Rosa porque hay que "asegurar el buen fin del proceso" y porque el financiero está imputado por unos supuestos delitos que están castigados con "penas muy graves".

En un escrito al que tuvo acceso Servimedia, esta acusación asegura que los problemas que tenga De la Rosa con sus fiadores no es un problema de la administración de la Justicia, sino del propio financiero. Además, recuerda que los 500 millones de esetas están "muy por debajo de las cantidad de las que, ilícitamente y en perjuicio del Grupo Torras, se apropió" presuntamente este imputado.

"Ha quedado palmariamente acreditado que el señor de la Rosa se apropió personalmente de 30.000 millones de pesetas", dicen los abogados de Torras, "por lo que ofende incluso al sentido común, afirmar, como hace este acusado, que no dispone de suficiente dinero para hacer frente a la fianza".

BREVE COMPARECENCIA

Por otra parte, De la Rosa acudió hoyal despacho de la juez Teresa Palacios para declarar como imputado a petición propia, comparecencia que duró algo más de media hora. El financiero quería declarar sobre tres piezas cuya investigación ya ha concluido, según informaron fuentes jurídicas.

Siempre según las mismas fuentes, la juez instructora informó a De la Rosa de que podía declarar cuanto quisiera, si bien le advirtió de que no podía hacerlo sobre las operaciones Icsa-Impacsa, Croesus y Wardbase, porque esta investigación ya concluyóy se dictó auto de apertura de juicio oral para las dos primeras piezas.

De la Rosa explicó que su intención era hablar sobre "las relaciones del Gobierno español con Kuwait; las de la Fiscalía General kuwaití, el comportamiento de la Fiscaía Anticorrupción con él y las amenazas que viene sufriendo desde hace tres años desde el Cesid", pero que, al no poder hablar sobre las tres piezas conclusas, renunciaba a su derecho a declarar.

Por su implicación en las operaciones Icsa-Inpacsa, Croesus yWardbase, el fiscal solicita un total de 38 años de cárcel y una multa de 8 millones de pesetas, al considerarle responsable de tres supuestos delitos de falsedad (dos de ellos continuados), otros tres de apropiación indebida y uno de maquinación para alterar el precio de las cosas.

Por su parte, la esposa de De la Rosa, Mercedes Misol, declarará mañana como imputada a petición de los abogados del Grupo Torras, quienes la acusan de los delitos de estafa y apropiación indebida presuntamente cometidosen la denominada "Operación Pincinco".

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millones de pesetas procedentes del Grupo Torras, de las que Javier de la Rosa era el máximo responsable en España.