En el programa del área de justicia, al que tuvo acceso Servimedia, la coalición defiende que los grupos parlamentarios elijan los vocales del CGPJ siempre de candidatos propuestos por los distintos colectivos de la judicatura. Estos candidatos deberán previamente comparecer en el Congreso y el Senado para exponer sus ideas sobre la Administración de Justicia.

IU también propone ampliar las competencias del CGPJ, par que éste tenga en exclusiva la facultad de selección de los jueces y aumente sus potestades disciplinarias en casos de una actuación irregular de los estamentos judiciales.

Por lo que se refiere al fiscal general, el programa aboga por que sea el Parlamento, y no el Gobierno, quien decida el nombre para este cargo por un periodo de cinco años.

"El Parlamento es quien crea la legalidad y el fiscal actúa en defensa de la legalidad. El fiscal general se denomina del Estado y la institución más simblica del Estado es el Parlamento. El Parlamento es la representación de la soberanía popular y el fiscal asume la defensa del interés colectivo social", señala el documento.

Entre los compromisos programáticos de Izquierda Unida para estas elecciones también figuran la desaparición del Tribunal de Cuentas como tribunal excepcional, cuyas competencias serían asumidas por los tribunales ordinarios, superiores o el Supremo.

Asimismo, defiende la eliminación de la justicia militar: "Esta jurisdicciónno tiene ninguna virtualidad en una justicia democrática, en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sean reclutas o militares profesionales", señala el documento.

Respecto a la Audiencia Nacional, aboga por la necesidad de no expandir más las competencias de este órgano y sugiere reflexionar sobre la conveniencia de reducirlas a conflictos muy específicos, como narcotráfico, algunos delitos económicos o contenciosos que puedan afectar a varios territorios autonómicos.