Socialistas y populares presentaron en el registro del Congreso sendas proposiciones de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Congreso y permitir la aplicación de la fórmula acordada por ambos partidos dentro del acuerdo global para reformar la Justicia.

Las proposiciones fueron suscritas también por CiU, PNV y Coalición Canara, y tanto populares como socialistas esperan que sea también respaldada por el Grupo Mixto. Izquierda Unida no firmó los textos por discrepancias "de fondo" con el acuerdo, pero se comprometió a no obstaculizar su tramitación.

Las iniciativas y su interpretación de las mismas fue expuesta en tres ruedas de prensa distintas por los portavoces parlamentarios del PSOE, Jesús Caldera; del PP, Luis de Grandes; y de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz.

Después de que la Mesa admita a trámite las propuesta, los grupos parlamentarios acordarán en la próxima reunión de la Junta de Portavoces la modificación del orden del día del pleno para que el día 12 de este mes sean tomadas en consideración.

Si se tramitan por lectura única, las modificaciones legales pueden estar publicadas en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) antes del 30 de junio, de forma que los vocales del CGPJ podrían ser relevados antes de que concluya su mandato, a finales de julio.

PROPORCIONALIDAD

Tras estas modificaciones, lospropios jueces propondrán a las cámaras legislativas una lista de nombres, hasta el triple del número de vocales que haya que elegir, es decir, en el caso de que haya que relevar a los doce vocales designados por el Parlamento, los magistrados harán llegar una lista de hasta 36 candidatos.

Esta lista deberá respetar la proporcionalidad de afiliados de cada una de las asociaciones, y reservará también un cupo para los jueces y magistrados no afiliados a cada una de ellas, que podrán presentar candidato acreditando mediante avales que representan al menos a un dos por ciento de los activos. El critero será fijado de acuerdo al registro del CGPJ a fecha de 1 de junio.

Si los candidatos presentados por este sistema de avales supera el máximo de los vocales que corresponderían a los jueces y magistrados no afiliados, serían válidos sólo los que tuvieran más respaldo.

Con esta lista de nombres, Congreso y Senado deberán elegir, por mayoría de tres quintos de cada cámara, a seis vocales cada una.

Este mecanismo de elección requerirá unos preparativos de unos seis meses antes de cada renovación del CGPJ. Puesto que el mandato de doce de sus vocales expira el próximo mes de julio, las fuerzas parlamentarias han pactado una fórmula transitoria para permitir que el nuevo sistema sea aplicado también en esta ocasión.

Esta fórmula transitoria permitirá que, en esta ocasión, sea el presidente del CGPJ el que inicie las gestiones para recabar, con los criterios establecidos, las propuestas de los juces y magistrados y remitirla a las Cámaras antes de los quince días posteriores a la entrada en vigor de las reformas.

Caldera instó por ello, tanto a las asociaciones como a los jueces sin afiliar, a organizarse para garantizar que el escaso plazo de tiempo disponible no es un obstáculo para cubrir el cupo de vocales que les corresponde.

LOS DEMAS ORGANOS

Puesto que las fuerzas parlamenarias preven que las modificaciones estén en el BOE antes del 30 de junio, las propuestas podrían llegar al arlamento alrededor del 15 de julio y a finales de mes se podría habilitar un pleno extraordinario para aprobar la renovación del CGPJ.

Tanto Caldera como De Grandes coincidieron en que una vez superado el escollo del CGPJ se agilizará también la negociación para renovar el resto de organismos pendientes, es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Seguridad Nuclear. Ambos confiaron en que la renovación de todos ellos se cierre antes del final de este mes.

El portvoz socialista consideró que la suscripción de las modificaciones por parte de los grupos parlamentarios demuestra que PP y PSOE abren a los demás partidos su acuerdo para reformar la Justicia, una de cuyas finalidades, insistió, es garantizar la normalidad institucional y evitar el deterioro de los órganos básicos del Estado de derecho.

Por su parte, De Grandes elogió la actitud de todos los grupos al no obstaculizar la tramitación de estas modificaciones a pesar de las legítimas discrepancias. En suopinión, el diálogo entre Gobierno y oposición "está empezando a ser fructífero" y la adhesión de otros grupos demuestra que su contenido puede ser compartido.