Esta idea fue el eje de la conferencia pronunciada por Zaffaroni en las Jornadas Iberoamericas sobre Prevención del Delito, organizadas por la Universidad de Granada y el Instituto Andaluz de Criminología, en colaboración con el V Centenario.

Elmensaje de Zaffaroni, que ejerce su labor en Costa Rica, coincide con las manifestaciones realizadas a Servimedia por el otro conferenciante de la mañana, el asesor de las Naciones Unidas en esta misma materia Pedro David, quien dijo que la justicia iberoamericana, por sí sola, no podrá dar solución los grandes problemas penales del continente, como la producción y tráfico de drogas.

La justicia iberoamericana, en este problema, debe actuar cada vez con más eficacia e ir cambiando la represión por la revención, dijo Pedro David. La justicia debe llegar, por tanto, a una estabilidad y armonización no alcanzada aún debido a problemas tradicionales de Iberoamérica, como la inestabilidad política, la deuda externa o las dictaduras.

"En este momento en que los países sudamericanos y sus respectivos sistemas judiciales deben alcanzar una estabilidad y normalización necesaria, las Naciones Unidas están prestando su apoyo y poniendo todo su empeño en tal labor", agregó David.

Una de las conclusiones nticipadas por el asesor de Naciones Unidas es que "Iberoamérica debe acabar con el divorcio existente entre Estado, sociedad y orden jurídico".

Para ello es necesario, dijo Pedro David en su conferencia, despejar la incógnita de cómo sintetizar las raíces antiguas de la justicia propia americana y lo exportado por los españoles a aquellas tierras, hace ahora 500 años, en materia social y jurídico.

Las jornadas continuarán hasta el próximo día 7 y contarán con la presencia, entre otros juristas, el ministro de Justicia de Colombia, Fernando Carrillo; el fiscal general de Cuba, Ramón de la Cruz, y la magistrada de la Corte Constitucional de Colombia Martha Lucía Zamora Avila.

La jornada inaugural, el lunes por la tarde, contó con la presencia del ministro de Justicia de Argentina, León Carlos Arslanián, y del presidente del Consejo de Institutos de Criminología, Manuel Cobo del Rosal.

El catedrático Del Rosal acusó a los redactores del nuevo Código Penal español de "desenterrar cadáveres"y calificó la reforma de inconstitucional, por amenazar la libertad de expresión.