Del resto, 10.240 lo fueron para atender solicitudes de pensiones no contributivas, y 7.581 solicitaron otro tipo de prestaciones, como es el caso de tarjetas de aparcamiento para vehículos que portaban personas con discapacidad, o información para ingresar en centros residenciales.

El Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad en Andalucía contempla reforzar estos dispositivos, de tal forma que ya está proyectada la creación de un segundo centro de valoración en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla y la sustitución de los edificios que actualmente albergan los de Cádiz y Jaén.

Además, está prevista la firma de un convenio de colaboración con la Consejería de Salud para agilizar la tramitación de las solicitudes de informes de especialistas y pruebas que solicitan los centros de valoración y orientación en el reconocimiento del grado de minusvalía de las personas interesadas.

Estos centros dependen orgánica y funcionalmente de las correspondientes delegaciones provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y entre sus funciones destacan, entre otras: detectar, informar y asesorar a personas y grupos de personas con discapacidad y emitir dictámenes técnico-facultativos para el acceso a aquellas medidas de protección social vigentes como, por ejemplo: reconocimiento de un grado de minusvalía.

Asimismo, la emisión de dictámenes de adecuación de puestos de trabajo; subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte; subsidio de asistencia sanitaria, prestación farmacéutica; y dictámenes para ingresos en centros residenciales o de día, ya sean públicos, concertados o subvencionados.

Para el desarrollo de sus funciones, estos centros cuentan con profesionales de la medicina y trabajadores sociales, así como con monitores ocupacionales, profesionales de la pedagogía, logopedas, psicomotricistas, fisioterapeutas y personal administrativo.

Por otro lado, desde 1996 estos centros cuentan con un Servicio de Orientación e Integración Laboral (SOIL) para orientar e intermediar en el acceso al empleo de las personas con discapacidad. En concreto, durante el pasado año 8.255 personas discapacidad fueron atendidas a través de este servicio, de las que 637 consiguieron un empleo.

Además, este departamento asesoró a 566 empresas, en su mayoría del sector de los servicios, sobre los incentivos económicos y fórmulas para la contratación de personas con discapacidad. Las actuaciones del SOIL contaron con un presupuesto total de 576.098 euros, aportados por la Junta y el Fondo Social Europeo.