Se trata de Julio Pacheco, cuya declaración está prevista el 15 de septiembre en el juzgado de instrucción número 50 de Madrid, que dirige la juez María Iguácel.

La magistrada escuchará las acusaciones de torturas que presuntamente sufrió Pacheco en la dirección general de seguridad en 1975.

La querella se dirige contra cuatro miembros de la Brigada Político-Social, entre quienes figura el ex comisario José Villarejo.

En un comunicado, Ceaqua, el Centro para la Defensa de los Derechos Humanos Iridia y Amnistía Internacional aplaudieron la decisión de la jueza titular y expresaron su deseo de que la causa “siga adelante”.

OBSTÁCULOS A LA INVESTIGACIÓN

A su juicio, la suspensión de las primeras declaraciones acordada por el juez de refuerzo del juzgado en julio supuso “una irregularidad”.

Subrayaron que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas consideró, en un informe del mes pasado, que “la actual ley de Memoria Democrática no elimina los obstáculos a la investigación de graves violaciones de derechos humanos, como los actos de tortura y las desapariciones forzadas, cometidas en España”.

La causa de Julio Pacheco es la primera en España admitida a trámite por la justicia.

Todas las anteriores, en torno a cien, fueron inadmitidas y trasladadas a instancias internacionales. La primera se interpuso hace seis años.

En el momento de su detención, Pacheco era un estudiante universitario miembro del Partido Comunista. Fue acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.