La historia comenzó en el verano de 1991 cuando a Adela Silva y a s marido, Emilio Navarro, se les acusó de un presunto delito de usurpación de parto, detectado trs la presunta venta de un niño entre matrimonios gitanos.

Emilio Navarro actuó de intermediario en la venta, toda vez que era, a su vez, compañero sentimental de la madre del niño, Carmen Mota, deficiente mental.

También fueron acusados de cooperadores necesarios, sin los que no hubiera sido posible la operación, Manuel Vargas y el portugués Eduardo Carlos Dos Santos.

El niño, al mes y medio de sunacimiento, fue tomado como suyo por Adela y Emilio y lo vendieron a un matrimonio madrileño desconocido por 200.000 pesetas, que se repartieron entre todos los implicados, salvo la madre del niño, quien aseguró que "lo cedí para que lo cuidaran porque yo no podía".

La madre, de 30 años pero con una mentalidad de 13, tiene 7 hijos más y ninguno vive con ella.

Durante el juicio el juez se vio obligado a expulsar de la sala a varias personas y a advertir a los inculpados, ya que replicaban las declraciones de los sometidos a preguntas del letrado.

El desacuerdo en las declaraciones les llevó a un enfrentamiento a base de garrotazos a la salida de la sala, en el que tuvieron que intervenir los abogados y la Guardia Civil para separarlos.