Permach, que ya se encontraba en libertad bajo fianza de 12.000 euros, tampoco podrá abandonar el territorio español. Este dirigente abertzale manifestó el pasado 25 de mayo que si alguno de los dirigentes de Batasuna que han declarado estos dos días en la Audiencia Nacional era encarcelado "el proceso (de paz) va a entrar en una situación de bloqueo cuyas consecuencias tendrá que medir el Estado español".

En su resolución, el juez mantiene la situación personal de los otros siete dirigentes de Batasuna que han comparecido ante él como imputados: Arnaldo Otegi, Jon Gorrochategui, Rufino Etxebarría, Karmelo Landa, Juan Cruz Aldasoro, Pernando Barrena, y Joseba Álvarez (éste es el único que se encuentra en libertad sin fianza).

Todos ellos comparecieron ante el juez Grande-Marlaska en relación a la designación de la nueva Mesa Nacional de Batasuna, a la creación de la denominada "comisión negociadora" para el proceso de paz y a las manifestaciones de Joseba Permach.

Según consta en el auto, el magistrado sostiene que todo eso, junto con la entrevista que dos miembros de ETA concedieron al diario "Gara", es "consecuencia de un plan orquestado por el conjunto del entramado de la organización terrorista ETA, obligando a los poderes legítimos a negociar y asumir sus exigencias como condición indispensable del cese definitivo del ejercicio de la violencia".

El magistrado señala que, aunque existen "concretos indicios racionales de criminalidad" contra los ocho imputados, éstos no son suficientes para acordar la prisión provisional contra ellos.

FIANZAS

Arnaldo Otegi se encuentra en libertad bajo fianza de 650.000 euros; Jon Gorrochategui, de 30.000 euros; Rufino Etxebarría, de otros 30.000 euros, Karmelo Landa, de 12.000 euros, igual que Aldasoro, mientras que Barrena lo está por 200.000 euros.

El juez ha acordado mantener esta situación tras celebrar la correspondiente 'vistilla', solicitada por los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia, pero no por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, para determinar las medidas cautelares a adoptar contra estos ocho dirigentes.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y Juan Antonio García Jabaloy, no pidieron la modificación de las medidas cautelares que ya pesan sobre siete de los ocho citados dirigentes (ya que Joseba Álvarez se ecuentra en libertad sin fianza).

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que las declaraciones que realizó el dirigente de Batasuna el pasado 25 de mayo no son constitutivas de amenazas, se enmarcan dentro de la libertad de expresión y fueron unas manifestaciones de contenido "únicamente político, amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión".

Además, defendió que la constitución de la nueva "Mesa Nacional" de Batasuna, así como la designación de la denominada "comisión negociadora" no contituyen "nuevas actividades incardinadas en el delito de integración en organización terrorista".

A juicio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, "con estas actuaciones no se ha pretendido contribuir a los fines y objetivos de la organización terrorista ETA, sino recuperar la presencia de la formación ilegalizada Batasuna en la vida política, así como apoyar la situación actual de cese de violencia y la consecución de la misma con carácter definitivo".

Por su parte, los abogados de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y de Dignidad y Justicia sí pidieron prisión para los ochos dirigentes, aunque los letrados de los segundos propusieron que en el caso de Karmelo Landa fuera eludible bajo fianza de 400.000 euros. Todas estas peticiones han sido desestimadas por el juez.

EL SUMARIO

Las comparecencias en la Audiencia Nacional de los citados ocho dirigentes de Batasuna se enmarcan dentro del sumario 35/02, en el que se investiga la presunta la presunta relación de Batasuna con la banda terrorista ETA y la supuesta financiación de la citada banda terrorista a través de las "herriko tabernas".

En el marco de este sumario, el juez Fernando Grande- Marlaska decretó el pasado 17 de enero la suspensión de actividades de Batasuna y que, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, no ha sido acatada por la ilegalizada formación al designar a su nueva Mesa Nacional.