Calama, en un auto conocido este viernes, establece que si Apedanica abona una fianza de 10.000 euros podrá ser parte en la causa que investiga la infección con el programa Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de tres ministros.

La Fiscalía se opuso a admitir como parte a Apedanica al no tener esta entidad un interés legítimo en la causa. La Abogacía del Estado, por su parte, también informó en contra por tratarse los hechos investigados de un ataque al derecho a la intimidad de las personas, que es el bien jurídico protegido por el delito de revelación de secretos.

Al respecto, el juez considera que el delito investigado no solo afecta al bien jurídico intimidad y autodeterminación informativa, sino también a los “intereses generales”. Sostiene que la Abogacía del Estado lo ha entendido así al presentar su denuncia en nombre de la Administración del Estado y no de Sánchez o los ministros afectados.

MÁS ALLÁ DE LO PRIVADO

Igualmente entiende el juez que se trasciende ese ámbito privado por haber presentado la denuncia en la Audiencia Nacional, al tratarse de un delito contra “altos organismos de la nación y forma de Gobierno”.

Para Calama, la admisión de la acusación popular no es incompatible con la preservación de los datos relativos a la intimidad de las personas afectadas por los hechos investigados. También advierte de que, con carácter previo a la unión de cualquier documentación, con independencia del soporte, se procederá a expurgar cualquier información relativa a la vida íntima de las personas, seguridad del Estado o cualquier otro tipo de información irrelevante para la causa, haciéndolo constar de modo expreso.

En cuanto a las alegaciones de la Fiscalía, el magistrado explica que el abuso de la acción popular ha dado lugar a sucesivos proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar el alcance de dicha figura. Sin embargo, apunta que mientras no se apruebe ningún cambio debe aplicarse la normativa vigente.